Luego de presentar una denuncia por defraudación contra la administración pública, el fiscal federal Guillermo Marijuan afirmó que “es corrupción” y dijo que “hay que suspenderlos» a los miles de beneficiarios del Potenciar Trabajo que cobraban cerca de 27 mil pesos mensuales del plan a través de familiares fallecidos, para comprar dólares o que cuentan con dos o más propiedades a su nombre.
“Algo hay que hacer algo de forma inmediata porque esta inconsistencia le cuesta al Estado 7.300.000 de pesos por mes. Esto es lo que se denomina una defraudación a la administración pública, pero también debería analizarse la situación de los funcionarios que no lo advirtieron teniendo todos los elementos para hacerlo”, remarcó.
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De acuerdo a Marijuan, “el número es importantísimo” porque casi una cuarta parte de los beneficiarios no estaría en regla. “Es corrupción y es mucho dolor porque hay personas están en la pobreza absoluta y que lo necesitan y ven que (se lo quedan) otras personas que tiene muchísimos bienes, una actividad económica o ingresos”, criticó.
