Preocupación de beneficiarios de pensiones por invalidez tras la publicación de en el Boletín Oficial de una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad que aprueba por decreto un nuevo “circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto n° 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez”.
El texto, firmado por Santiago Ibarzábal, director Ejecutivo de la agencia, propone nuevos controles para evitar posibles irregularidades en cuanto al cobro de este beneficio que en la actualidad abarca a un universo de 1.048.000 personas a nivel nacional, que reciben una pensión de 6.045 pesos mensuales.
Desde el oficialismo se insiste con que “esta resolución no implica ninguna baja en las pensiones, sino que desde agencia se les está solicitando a los beneficiarios que reciban la notificación en sus domicilios que presenten la documentación correspondiente para poder verificar la situación de cada pensionado en los que se registran incompatibilidades”.
El texto del decreto además establece un plazo de diez días hábiles para que quienes hayan sido notificados de la suspensión puedan “ejercer su legítimo derecho de defensa y ofrecer la prueba de la que intentare valerse, como así también tomar vista de las actuaciones”, trámite que se puede realizar en cada Unidad de Atención Integral.
El beneficio está dirigido a personas que no hayan sufrido una disminución en su capacidad laboral del 76% o más, que estén empleados en relación de dependencia, que no perciban (ni sus cónyuges) ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; que no tengan bienes, ingresos o recursos que permitan su subsistencia; que no tengan parientes obligados legalmente a proporcionarle sustento; que no residan en el extranjero y que no estén detenidos a disposición de la justicia. La violación de cualquiera de estos ítems podría implicar la suspensión del beneficio.
Desde las diversas organizaciones sociales vinculadas al sector se manifestó una profunda preocupación ya que, como ha sucedido en numerosas ocasiones, temen que esto derive en la suspensión de facto de la pensión para personas que realmente la necesitan. En Rosario se registró ayer una masiva movilización reclamando que no se den de baja estas pensiones.
El sacerdote Pablo Molero, integrante de la Comisión de personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires, consideró: “No está mal que revisen. Pero hay preocupación sobre qué va pasar con la gente a la que se detecte que no cumple los requisitos para percibir la pensión al pie de la letra. Por ejemplo, en los últimos años, se amplió el criterio y menos discapacitados empezaron a recibir el plan. Con esta nueva medida, estos chicos podrían perder su pensión. La gente del sector está muy preocupada por esto”.
