La Jefatura de Gabinete, el organismo encabezado por Marcos Peña, se abrió una licitación por un servicio de envío masivo de mensajes de texto, con un costo de más de 5 millones de pesos. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo del proyecto no es electoral sino que se utilizará para la difusión de mensajes institucionales (sobre Precios cuidados o El Estado en tu barrio, por ejemplo).
Según el pliego de licitación, se busca una empresa en condiciones de enviar hasta 6,5 millones de SMS (incluyendo el procesamiento de las eventuales respuestas ciudadanas) a lo largo de un contrato de 12 meses. Para gestionar el funcionamiento del área también se propone la creación de una Unidad ejecutora especial.
Esta unidad dependerá de Marcos Peña y tendrá acceso a toda esta información. En el mismo pliego se aclara que los envíos no serán al azar sino a través de mensajes diversificados que apunten a grupos específicos, lo que abrió dudas sobre los mecanismos a implementar para construir estos envíos focalizados.
Hace pocos días el Enacom ordenó que todos los ciudadanos registren sus números de celulares, como medida para luchar contra el robo de aparatos, pero crecen las sospechas sobre una posible utilización electoral de esta inmensa base de datos, como ya sucedió con los datos de Anses que fueron puestos a disposición de la Secretaría de Comunicación.
Según revela el portal La Política Online, el PRO ya tiene trabajando un equipo para la campaña 2019 en las oficinas de Balcarce -también dirigido por Peña- que trabaja para conseguir una aplicación de WhatsApp que les permitiría mandar mensajes masivos en la campaña (este sistema incluye la posibilidad de respuesta automática a través de una inteligencia artificial). La comunicación de redes del gobierno viene desplazándose claramente de Facebook hacia WhatsApp, que ya demostró su importancia en las recientes elecciones brasileñas.
Desde Jefatura de Gabinete justificaron la licitación a LPO: “No trabajamos juntos, eso es un equipo de campaña y lo que salga de Jefatura tiene un carácter institucional”. También aclararon que el sistema de envío masivo de SMS debió licitarse porque no estaba incluido en la pauta de publicidad oficial y requería un “contratación especial”.