Después de que María Eugenia Vidal lograra la aprobación del presupuesto 2018 para la provincia de Buenos Aires, que incluye la posibilidad de endeudarse hasta casi 60 mil millones de pesos, se ha disparado el debate sobre la sustentabilidad de los números provinciales y el impacto de los intereses de deuda sobre los recursos del distrito.
La deuda provincial viene incrementándose sin pausa desde 2015 (entre 2016 y 2017 se emitieron Letras provinciales por 4500 millones de pesos y se prevén otros 3000 millones para el próximo ejercicio) y el impacto de los intereses ya se hace sentir con fuerza sobre las cuentas locales. De hecho, parte del endeudamiento aprobado podría afectarse al “pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”.
Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) confirmó en estos días que el déficit provincial para 2018 superaría los 80 mil millones de pesos (25% más que en 2017), debiendo destinarse más de 113 mil millones de pesos sólo al pago de intereses durante este año (“un 77% más que lo inicialmente proyectado”), con un incremento del 21,7% para 2018. El informe concluye que la deuda provincial supera a la de 2015 en 5 mil millones de dólares.
Según Artemio López, el Gobierno ha tratado de bajar el déficit provincial a través de una baja “vertical” del gasto en subsidios: “18% nominal o 34% real, descontada la inflación, sólo durante los primeros nueve meses del año. Y también de golpe en golpe ha subido 77% o 41% real el costo de los intereses de la deuda”. “Shock a un lado y gradualismo al otro. Ambas piezas del arsenal han generado una extraña paradoja: lo que se ahorra en subsidios se gasta en intereses, y en magnitudes ya poco menos que idénticas”, concluyó el analista político.
Una de las estrategias provinciales para afrontar un rojo millonario en el contexto de reducción de impuesto a las empresas (Ingresos Brutos) ha sido la de aumentar los impuestos inmobiliarios, lo que está generando múltiples conflictos. El día de la aprobación del presupuesto en la Legislatura provincial, referentes del massismo plantearon su diferencia con este aspecto, aunque votaron el proyecto oficialista en general. Pero está claro que por esta única vía no se lograrán equilibrar las cuentas provinciales y que el superávit planteado como objetivo en la Ley de Responsabilidad Fiscal aún se encuentra lejano.
