El oficialismo cambió su estrategia para avanzar en la aprobación del Presupuesto 2019 en el Congreso nacional y ahora giraría primero a Diputados la adenda fiscal, que plantea un plan de compensación a las provincias por el ajuste de 100 mil millones de pesos contemplado en el presupuesto de ajuste para cumplir con el déficit cero acordado con el Fondo Monetario Internacional. La estrategia apunta a tratar en la misma sesión el presupuesto de ajuste con la compensación para descomprimir el previsible rechazo de la Cámara baja.
Mientras tanto, continúan las negociaciones personales con los gobernadores. El ministro del Interior Rogelio Frigerio viajó el martes por la noche a Santiago del Estero para reunirse con el mandatario local Gerardo Zamora y con el gobernador tucumano Juan Manzur para tratar de definir su apoyo al proyecto. Si bien no hubo definiciones explícitas, Frigerio mantiene la confianza en que ambos dirigentes, históricos aliados de Cambiemos más allá del endurecimiento de los últimos tiempos por la eliminación del fondo sojero y otros recortes, finalmente apoyarán la propuesta oficial. “La reunión con Manzur y Zamora fue muy positiva. Tenemos un diálogo muy constructivo con casi todos los gobernadores y legisladores de la oposición”, declaró el ministro a la prensa luego del encuentro.
Con la firma de la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci y el riojano Sergio Casas ya serían 15 los gobernadores que avalaron la adenda fiscal. Después de las negociaciones con Zamora y Manzur, Frigerio seguirá insistiendo con la fueguina Rosana Bertone, el formoseño Gildo Insfrán y el chubutense Mariano Arcioni, quen la semana pasada se retiró de Casa Rosada sin firmar. Por otro lado, aunque se descuenta el rechazo de del puntano Alberto Rodríguez Saá, el pampeano Carlos Verna, la santacruceña Alicia Kirchner y el socialista santafecino Miguel Lifschitz, desde el oficialismo creen que un 70% de apoyo bastaría para garantizar los votos necesarios en el Parlamento.
De todos modos, luego del contundente paro de las centrales sindicales de este lunes y martes, que planteó un explícito rechazo al presupuesto de ajuste del Gobierno, el panorama en Diputados está algo más complicado ya que legisladores del Bloque Justicialista y del Frente Renovador llevaron adelante sendas reuniones con gremialistas para escuchar sus reclamos y podrían proponer numerosos cambios al proyecto oficial, aunque no se plantean un rechazo absoluto.
Desde ambos bloques aseguraron que no votarán un presupuesto “a libro cerrado” pero también destacaron la importancia de no dejar al Gobierno sin esta herramienta fundamental. Marco Lavagna, diputado del FR y vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto, consideró: “Es importante escuchar a todos los sectores. Pero nuestro trabajo va a ser el mismo. Creemos que el Gobierno tiene que tener presupuesto, lo que no significa que vayamos a votar a libro cerrado”. Y añadió: “El presupuesto va a salir, lo que no significa que vayamos a aprobar un ajuste impiadoso”. En el mismo sentido, Diego Bossio del Bloque Justicialista, destacó la importancia de “escuchar a todos” sin bloquear la iniciativa.
De todos modos, Lavagna destacó que hay ejes del presupuesto con los que su bloque no está de acuerdo, que se vinculan con el reclamo planteado por el sindicalismo en el sentido de un “cambio de rumbo económico”. Entre éstos se contarían la posibilidad de usar dinero de los créditos para gasto corrientes, cambios en el régimen de participación público-privada (PPP) y la excesiva injerencia del Poder Ejecutivo en la reestructuración de la deuda.
En este último aspecto, el Gobierno abrió una negociación para modificar el artículo 53 del presupuesto, que fija nuevas condiciones para renegociar la deuda externa. Según explicó Frigerio, “es una modificación técnica para administrar la deuda, alargando los plazos y bajando tasas”. El proyecto oficial elimina artículo 65 de la ley de administración financiera que habilita al Gobierno a reestructurar la deuda si logra “un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. La nueva propuesta permite renegociar los pagos según “las condiciones imperantes del mercado financiero” lo que para la oposición abre la puerta a una renovada bicicleta financiera.
