El Gobierno dejó trascender los principales puntos del proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad a 15 años y que se trataría en el Congreso durante febrero, en sesiones extraordinarias.
La iniciativa contempla que los delitos cometidos por adolescentes mayores de 15 y menores de 18 sean reprimidos con una pena máxima de 15 años; a su vez, establece escalas por edad. Por ejemplo, entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor de tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor de diez años.
También el proyecto considera la situación de los menores de 15 años, inimputables, que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 años por el Código Penal: serán tratados por un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva.
«La finalidad principal del sistema penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral, interdisciplinario y restaurativo», establece la normativa que pretende sancionar la administración Macri.
En otro párrafo se puede leer que «la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible», al tiempo que afirma que los adolescentes «no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas».
Acerca de las sanciones, mencionadas en el artículo 29, se señala que estas incluyen «el asesoramiento, orientación o supervisión periódica del equipo interdisciplinario; asistencia a programas educativos; asistencia a programas de formación ciudadana; asistencia a programas de capacitación laboral; participación en programas deportivos, recreativos o culturales; concurrencia a los servicios de salud acorde a su edad; participación en un tratamiento médico o psicológico; o cualquier otra prevista en las leyes procesales especializadas provinciales».
La Casa Rosada confía en que la iniciativa se apruebe sin modificaciones en el Senado, con la anuencia del bloque del PJ que lidera Miguel Pichetto, pero observa dificultades en Diputados, cuyos integrantes peronistas, como Pablo Kosiner (PJ Federal), Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Felipe Sóla (Red por Argentina) y Agustín Rossi (FpV) ya se manifestaron en contra o colocaron reparos.
