El juez federal Julián Ercolini dispuso el procesamiento de la ex presidente por presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública nacional, a la vez que le impuso un embargo de bienes por 10.000 millones de pesos. Se la acusa de haber direccionado obras públicas viales al grupo Austral, a la vez que fue procesada por administración fraudulenta agravada.
El procesamiento también recayó sobre el diputado nacional y exministro de Planificación, Julio De Vido; del empresario Lázaro Báez, de los ex secreatarios de obras públicas, José López; Graciela Elena Oporto; Raúl Víctor Rodríguez; Hugo Manuel Rodríguez y Abel Claudio Fatala.
Tras ocho meses de investigación Ercolini consideró que la ex mandataria fue parte de una «asociación ilícita» en la que según la auditoría de Vialidad Nacional realizada por el macrismo, se favoreció al grupo Austral con 52 contratos que en un 50 % quedaron inconclusos pero que se cobraron con sobreprecios por encima del 65 %.
