Los pares de la región respaldaron a Alejandra Gils Carbó al tiempo que el Ejecutivo de Mauricio Macri avanza contra su persona, deslizando la necesidad existente de desplazarla de su cargo.
Para los procuradores iberoamericanos, «el caso argentino y guatemalteco es similar al venezolano», país donde Luisa Ortega Díaz denunció presiones: «(Cuando se trata de una mujer), el hostigamiento adquiere un cariz especialmente violento», indicaron.
«No se puede echar a un procurador por un decreto o por un interés personal o de un grupo. Existen mecanismos constitucionales», disparó el fiscal general boliviano Ramiro José Guerrero Peñaranda, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
Días atrás la propia Gils Carbó aseguró que el intento de Macri de destituirla es igual al de Nicolás Maduro con su par venezolana a la vez que agregó que no aceptaría un desplazamiento de su cargo mediante un decreto al considerar que sería un acto totalmente «inválido e inconstitucional».
