El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, estuvo en el Salón Dorado de la Cámara de Senadores para exponer ante la comisión bicameral los detalles del Presupuesto 2019 que envió la gobernadora, María Eugenia Vidal, a la Legislatura.
El cálculo de ingresos y egresos del año próximo presenta fuertes recortes y un pedido de endeudamiento de 65 mil millones de pesos, hecho que el funcionario minimizó en su exposición: “Es el pedido de deuda más bajo de toda nuestra administración. No se incrementa la deuda neta”. Para la oposición esto no es así: Según afirmó el diputado de Saladillo, Walter Abarca (UC), el monto del endeudamiento previsto para el año electoral podría ser incluyo mayor y llegar a los 102 mil millones de pesos.
“El monto total de solicitud de deuda son 102 mil millones de pesos, porque hay tres artículos de autorización de deuda. Uno son 68.500 millones, el de los 8.500, y hay un artículo que habla del acuerdo del ANSeS y la posibilidad de solicitarle al Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, precisó Abarca.
Sobre este punto, el legislador por Tres Arroyos del Frente Renovador Pablo Garate aseveró: “Los informes de deuda son genéricos y no se sabe cuánto realmente se ejecutó en las obras. El ejecutado abarca solamente al primer semestre del 2018, pero no incluye detalles de partidas de obras de cuanto se gastó, por lo tanto, para poder aprobar un endeudamiento nuevo es necesario saber cuánto se gastó y cuanto se pidió de lo que se autorizó”.
Si bien Lacunza admitió meses de “estrés financiero”, se mostró satisfecho porque «es el tercer año consecutivo en el que vamos a tener un superávit». Además remarcó que «cumplimos la ley de responsabilidad de fiscal» e insistió en que «no aumentará la deuda neta».
En cuanto a la posibilidad de entregar un bono de fin de año, el economista manifestó que “este eventual bono o no en PBA es algo que todavía no hemos discutido ni definido. No nos hemos encontrado con los gremios con quienes nos vamos a juntar en diciembre. Ahí lo definiremos, no puedo anticipar medidas antes de charlarlas con ellos”.
Luego destacó que “bajan ingresos brutos por segundo año consecutivo que es el impuesto más distorsivo, el que pagan más los pobres que los ricos. Es la primera vez en la historia moderna que bajan los ingresos brutos”.
“Nosotros no podemos pagar lo que no tenemos. Hacemos una administración responsable, el dinero no es mío, no es de la Gobernadora, ni de los funcionarios de turno, el dinero es de los contribuyentes. Administramos con la austeridad necesaria y no asumimos compromisos que no podemos cumplir”, añadió en otro pasaje de su alocución.
Por otro lado, habló sobre las nuevas responsabilidades a partir de 2019 de los municipios, que deberán hacerse cargo de parte de los subsidios al transporte y de la tarifa social de las eléctricas: «Nos gustaría transferirle cero a los municipios pero no podemos, la prioridad es la Provincia».
Se destacó un aumento del 49% del Fondo Educativo que reciben las intendencias y se modificarán los porcentajes que comprometen a las obras de infraestructura, para que sea del 100% en el Conurbano y del 70% en el interior provincial, cuando actualmente era solo del 40%.
En cuanto a los ajustes, motivo de crítica de la oposición, el Instituto de la Vivienda verá reducido su presupuesto en un 34,6% comparado con el período anterior. Pasará de los $5.441.310.359 a $3.556.677.900.
Misma situación se replica en la cartera económica, con una merma capital de 25,3% (de $2.123.862.000 a $1585.475.600), luego sigue la Dirección de Vialidad con una reducción del 25,2% (de $5.441.310.359 a $3.556.677.900) y el Ente del Astillero Río Santiago con una baja de 11,9% (de $3.598.812.000 a $3.170.000.000).
Finalmente, figuran la Secretaría General de la Gobernación, con una reducción del 9,2% (de $756.609.000 a $686.590.000) y el Ministerio de la Producción, de Javier Tizado, con 8,06% (de $1.430.583.000 a $1.315.229.000).
