El Juez Daniel Rafecas, a cargo de la acusación contra los integrantes del máximo tribunal de Justicia que avalaron el beneficio del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad, se mostró cauto sobre el avance de la causa al considerar que «es un delito poco visto» y que es «raro investigar a miembros de la Corte por un fallo».
A una semana de la cuestionada decisión de la Corte Suprema de otorgar el 2×1 a genocidas y conocida el pedido de imputación del fiscal Guillermo Marijuán a los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, el juez a cargo de ese expediente, Daniel Rafecas, criticó el beneficio que el máximo tribunal otorgó a un genocida, pero sembró dudas: «Es una situación muy delicada desde el punto de vista institucional», consideró el magistrado, que deberá decidir si avala el requerimiento del fiscal Marijuán y abre una causa penal o no lo comparte y resuelve desestimarlo.
En el mismo sentido, Rafecas expuso dudas respecto sobre el avance de la investigación como causa penal por prevaricato: «Es un delito poco visto, situaciones donde un magistrado dicta resoluciones o sentencias en donde intencionalmente sabe que está actuando contrario a lo que establecen las leyes».
«Como ocurren en las denuncias federales, se recibe una denuncia, el juez le avisa al fiscal y el fiscal puede pedir la desestimación porque entiende que no hay delito, pedir medidas previas antes de dictaminar o puede requerir la instrucción por entender que debe investigarse un delito de acción publica», aclaró.
El magistrado expresó que es «raro investigar a miembros de la Corte por un fallo», y adelantó que va a dedicar los próximos días en su juzgado para decidir qué hacer en este caso. «Como juez hay dos opciones: puede avalar ese requerimiento y abrir una causa penal o puede no compartir el criterio del fiscal y resolver una desestimación».
En relación cuanto a la polémica resolución de la Corte, Rafecas criticó el 2×1 a genocidas al sorprenderse por la reacción de la gente: «Nos ha sorprendido positivamente la reacción social que hubo por el fallo 2×1 de la Corte. Es un síntoma de madurez de la sociedad democrática».
El abogado Marcelo Parrilli presentó la denuncia penal contra los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de la aplicación del «dos por uno» en un caso de delito de lesa humanidad y derivó en la investigación a cargo de Rafecas.
