El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, presentó un descargo ante el Consejo de la Magistratura por la denuncia que el Gobierno nacional presentó en su contra, cuestionando su rol en la investigación sobre la red de espionaje ilegal y extorsiones por la que ya se encuentra detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio.
La acusación contra Ramos Padilla presentada por el Gobierno fue elevada al Consejo de la Magistratura por el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Juan Mahiques, a pedido del ministro de Justicia Germán Garavano, por considerar “irregular” la exposición que Ramos Padilla realizó frente a diputados para explicar la investigación sobre el espionaje ilegal que estaba conduciendo. Luego se sumó al expediente, en manos del consejero y diputado oficialista Pablo Tonelli, la presentación de un abogado que incluía las escuchas a ex funcionarios presos en Ezeiza (difundidas periodísticamente como “Operación puf”), en la que éstos manifestaban estar al tanto de la presentación que iba a realizar el empresario Pedro Etchebest contra Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli.
Consejo de la Magistratura: Ramos Padilla recusó a Pichetto y Mahiques
El escrito de Ramos Padilla plantea un fuerte contraataque respecto de la campaña en su contra. Uno de los escritos de la defensa del magistrado de Dolores, ejercida por su padre, el juez Juan Ramos Padilla, plantea: “El trámite de un proceso de remoción, que debería ser un procedimiento ejemplar, transparente e inobjetable, se ha transformado en una disputa política encabezada por el presidente Mauricio Macri, la Agencia Federal de Inteligencia, el ministro de Justicia, el representante del Poder Ejecutivo (en el Consejo), sus aliados políticos y judiciales, contra mi defendido”. En el texto se afirma que el pedido de juicio político simplemente apunta a obstaculizar la investigación de la red de espionaje, poniendo en juego intereses electorales.
En otro escrito, Ramos Padilla pide directamente que se desestime la denuncia y en un tercero solicita que declaren ante el Consejo desde el propio presidente Macri, el ministro Garavano, los jefes de la AFI, el juez Federico Villena (quien ordenó las escuchas de la Operación Puf), las dirigentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic (que usaron las escuchas ilegales como pruebas), el juez Claudio Bonadio (que tomó las escuchas como base para una investigación), los presos espiados, diputados como Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Leopoldo Moreau, varios periodistas desde Horacio Vebitsky y Raúl Kollmann hasta Jorge Lanata y Luis Majul) y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ramos Padilla citó a Stornelli por sexta vez y convocó a Stiuso como testigo
El juez de Dolores consideró que del material que pudo conocer respecto del expediente en su contra no surge ninguna acusación concreta. Luego defendió su presentación pública en el Congreso como parte del derecho de “acceso a la información”: “Es un deber de los magistrados dar cuenta a la ciudadanía de las resoluciones dictadas y del contenido de una investigación de gravedad institucional”. Respecto de la acusación de haber entregado material de la causa para que un abogado se lo derive a la ex presidenta Cristina Kirchner, directamente la calificó de “insólita”.
Por último, Ramos Padilla remarcó que su competencia para investigar la causa tiene respaldo de las cámaras de Mar del Plata y de Casación Penal Federal y cuestionó que la Magistratura tome los planteos del fiscal Carlos Stornelli, uno de los imputados en la causa, declarado en rebeldía por no presentarse a declarar en cinco ocasiones consecutivas. También denunció como una “falacia” la acusación de que su investigación sobre la red de espionaje apunte a debilitar la llamada “causa de los cuadernos”, ya que en realidad apunta a un conjunto de maniobras ilegales que la exceden ampliamente. La comisión del Consejo de la Magistratura que deberá analizar la presentación del juez se reúne el próximo 16 de julio. A
