En el marco de la caso D´Alessio, en donde se investiga una presunta red de espionaje ilegal en la que posiblemente intervinieron fiscales, miembros de la AFI y periodistas, la Cámara Federal de Mar del Plata ratificó al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ante una nueva recusación del fiscal Carlos Stornelli, uno de los implicados en la causa.
El abogado de Stornelli, el ex fiscal Roberto Ribas, argumentó que Ramos Padilla había perdido imparcialidad al exponer ante dos comisiones del Congreso sobre una causa en trámite, algo que no consideraron los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez. Para Jiménez, por un lado “existe una especial tensión entre la divulgación pública de constancias probatorias recogidas en el marco de una incipiente instrucción judicial, en la que el director del proceso -invocando la obligación republicana de los funcionarios públicos de dar publicidad de sus actos de gestión- habría hecho referencia no solamente al objeto y estado de la investigación, sino al grado de participación de los imputados en las conductas que tales pruebas acreditarían y, por otra parte, la reserva que de manera expresa ordena el código de rito respecto de la instrucción penal en relación a terceros ajenos a la misma”.
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No obstante, aclaró que “la comparecencia de Ramos Padilla ante una entidad oficial como la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, el aporte en ese ámbito público de datos del expediente que en su mayoría ya eran de conocimiento periodístico y las precisiones que fijara al respecto, sumado a la calidad de funcionario público de uno de involucrados en las conductas investigadas –recordando que en sociedades democráticas los funcionarios se exponen voluntariamente al escrutinio y la crítica, no alcanzan a evidenciar una actitud de parcialidad procesal en perjuicio del recusante que autoricen su apartamiento”.
Asimismo, el camarista Tazza se adhirió a los argumentos, por lo cual Ramos Padilla quedó por ahora confirmado al frente de la investigación. Queda por resolver para la Cámara un pedido de apartamiento por incompetencia territorial, pues Stornelli (y también el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi) sostienen que la mayor parte de los hechos investigados ocurrieron en la Capital Federal, de modo tal que deberían intervenir los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
