El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso a partir del 24 de enero. Reforma del Consejo de la Magistratura, Ley de Hidrocarburos, Ley de Agroindustria y Ley de Cannabis son algunos de los temas que el Ejecutivo quiere tratar en el recinto.
Entre el 20 de enero y el 1 de marzo, cuando comenzará el período ordinario de 2022, el Congreso podrá abordar la lista de proyectos solicitados por el Poder Ejecutivo. El Gobierno necesita recuperar la iniciativa política luego de las derrotas en el Congreso sobre finales del año pasado, tras la renovación que dejó al Parlamento dividido entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
El reloj corre para proyectos como el de la reforma del Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema de Justicia había establecido un plazo de 120 días para que el Consejo apruebe una ley en donde aclare la estructura del cuerpo colegiado. Caso contrario, volvería a su composición original, anterior a la reforma del 2006, de 20 miembros.
El oficialismo quiere que su proyecto sea el que se trate en vez del de la oposición. Este pretende que se establezcan 17 participantes en total: 1 por el Poder Ejecutivo, 2 por los Académicos, 4 por los Jueces y Abogados y 6 por el Poder Legislativo.
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OTROS PROYECTOS
En relación con los proyectos, el relacionado a hidrocarburos busca establecer un régimen de promoción de exploración y producción de petróleo y otro relacionado con la producción de gas natural. Según lo pautado aquellos proyectos que incluyan un plan asociado a la sustentabilidad energética obtendrán beneficios adicionales.
Por su parte, el proyecto de ley de Agroindustria planea alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres para 2030, además de crear 700 mil puestos de trabajo. También se devolverá el IVA destinado a inversiones en tres cuotas
Por último, el proyecto relacionado al cannabis establece la exclusión del cáñamo del listado de estupefacientes. Crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) para la fiscalización y control de la actividad; y el Gobierno estima que puede generar 10 mil nuevos puestos de trabajo.
