Después de diversos escándalos protagonizados por funcionarios del Gobierno en los últimos meses, desde las compañías off shore del ministro de Finanzas Luis Caputo hasta la millonaria cuenta en Andorra del secretario de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan (finalmente renunciado), la Oficina Anti Corrupción encabezada por Laura Alonso tuvo que abrir expedientes que aún no han llegado a ninguna conclusión. Por eso se ha planteado un nuevo “Plan de Acción” para el organismo, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, para mejorar los mecanismos de evaluación del patrimonio de los funcionarios antes de su asunción y evitarlos los conflictos de intereses.
Uno de los ejes principales que se modificarían en las normas del organismo, que datan del año 2001, tiene que ver con el análisis profundo de las declaraciones juradas que deben presentarse en forma obligatoria para asumir y en los eventuales conflictos de intereses. Las nuevas normativas se proponen la “redefinición del universo de sujetos obligados a presentar DD.JJ” y subrayan el objetivo de “reformulación y modernización de los procedimientos de gestión y administración del sistema” de declaraciones juradas.
En cuanto a los conflictos de intereses, tema por el que fueron investigados más de 40 funcionarios del oficialismo ya que en su mayoría provienen de empresas privadas que se vinculan con el Estado, sea como directores o como accionistas. Es paradigmático el caso del ministro de Energía Juan José Aranguren, vinculado por más de una década a la petrolera holandesa Shell, que logró numerosos contratos con el Estado nacional en los últimos años, o el del ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, que debió devolver a la Sociedad Rural Argentina, cuya titularidad dejó para asumir su cargo actual, un polémico bono de 500 mil pesos que no pudo justificar de ninguna manera.
Otro de los elementos recurrentes que debieron ser investigados por la OA tiene que ver con la aparición de nombres de funcionarios en los listados de empresas off shore de paraísos fiscales. Allí estuvieron señalados no sólo Caputo y Gilligan sino el propio presidente Mauricio Macri, en su momento denunciado en los Panamá Papers, además de en otros casos donde el problema fue el conflicto de intereses, como en el caso de la condonación de una deuda millonaria al Correo Argentino, administrado por el Grupo Macri.
Entre los ítems del apartado “Diseño de políticas de integridad y transparencia en la Administración Pública Nacional” se destaca el “diseño del procedimiento de análisis de conflictos de intereses previo al proceso de designación de funcionarios de alta jerarquía”. Otras áreas del Plan de Acción dado a conocer este viernes son “Posicionamiento de la agenda anticorrupción”, “Investigación para la prevención de la corrupción”, “Posicionamiento de las políticas de integridad y anticorrupción del Estado Argentino a nivel Internacional” y “Transparencia e Integridad en sectores de riesgo”.
Laura Alonso, titular del organismo, explicó respecto de las nuevas normativas: “Este plan quinquenal es producto del debate interno de la propia OA y de las nuevas realidades y demandas que han surgido dentro de la administración pública y la sociedad. Sólo en 2001, la OA produjo un plan similar”. También destacó que otro de los objetivos del plan tienen que ver con “informar a la ciudadanía y a muchos actores nacionales e internacionales que siguen nuestra actividad sobre las prioridades y acciones que profundizaremos e iniciaremos”.
El plan quinquenal presentado por la OA surge, según el comunicado del organismo, «del debate interno de la propia OA y de las nuevas realidades que han surgido de la administración pública y la sociedad. Sólo en 2001, la OA produjo un plan similar”. En ese sentido, Alonso destacó que se trata de “un avance importante que además busca informar a la ciudadanía y a muchos actores nacionales e internacionales que siguen nuestra actividad sobre las prioridades y acciones que profundizaremos e iniciaremos”.
Días atrás la titular de la Oficina Anticorrupción había afirmado que nuestro país había dejado atrás la «cleptocracia» aunque reconoció que aún persisten «focos de corrupción en la administración pública».
