La Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo en el cual considera que la demanda por 3 mil millones de dólares presentada por un fondo buitre a la Argentina por la estatización en 2012 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) deberá continuar su curso en Estados Unidos.
De acuerdo a información de La Nación, el Gobierno nacional tiene aún una instancia para apelar la decisión de la Justicia estadounidense, que tomó la denuncia del fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. La acusación está basada en que, al momento de nacionalizar la compañía, no se respetaron las leyes de oferta pública que rigen en los Estados Unidos.
Para el Poder Ejecutivo argentino, la estatización de la petrolera significó una decisión soberana y por ese motivo no hacía falta realizar la oferta accionaria, como lo hace el mercado. Paralelamente, en el ámbito judicial local, las legisladoras de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto pidieron al juez Ariel Lijo investigar la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. En su presentación, las diputadas advirtieron que se trató «de un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF».
De forma veloz, el Grupo Petersen desestimó algún vínculo con el fondo Burford. «El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior», señaló a través de un comunicado la firma.
