El secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios de la provincia, Héctor Acuña, afirmó que desde el gobierno «se tomó la decisión política de sacar los celulares de las cárceles de Santa Fe» y aseguró que actualmente hacen «una o dos requisas por semana en cada prisión de la provincia y sólo en enero se han incautado unos 500 celulares».
En sus dichos, el funcionario del Gobierno de Omar Perotti acusó a la anterior gestión del Frente Progresista y Social «de no tener voluntad política para instalar inhibidores de señales» en los penales. Y la respuesta no tardó en llegar: fue el exdirector general del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien trató de «caradura» e «ignorante» a Acuña a través de una serie de posteos en su cuenta de Twitter.
Cuentan para ello con recursos materiales y humanos, que desearíamos haber heredado nosotros, allá por 2007 cuando los presos estaban apiñados en comisarías.
— Pablo Cococcioni (@PabloCocoX) January 30, 2020
«La prohibición de que los reclusos utilicen celulares en las cárceles, con la consiguiente autorización para instalar inhibidores de señal, data de mediados de 2017. Se trata de leyes nacionales, cuyo dictado por las provincias sería inconstitucional», remarcó el exfuncionario de la gestión Lifschitz y aseguró que «ya algunos años antes, y sin norma expresa que lo habilite, la provincia de Santa Fe avanzó en la compra de inhibidores de señal, lo cual nos valió un serio conflicto con la autoridad nacional de aplicación (ENACOM), que llegó a ordenar el apagado de uno de los dispositivos».
«En paralelo -agregó Cococcioni- se reformuló el diseño de los antiguos Grupos de Requisa, que pasaron a formar una unidad centralizada bajo la dependencia del Director General. Es decir, los requisadores dejaron de depender del director del penal, lo cual despertaba legítimas suspicacias».
Desde el espacio político de la exadministración nacional también reaccionaron: «Ponganse a gobernar», cierra el comunicado de la exadministración nacional. Allí, apuntan también contra los dichos de Acuña: «La cantidad de celulares cuyo secuestro anuncia la actual gestión, es inferior al de unos meses atrás, cuando se encontraba aún el anterior gobierno y muy inferior en promedio a los 6000 que se secuestraron en 2019, los cuales se pusieron a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (APRAD) para su subasta.»
«Lo dijimos antes frente a otras operaciones, lo decimos ahora y lo seguiremos diciendo y demostrando con hechos, cada vez que utilicen la mentira y la falacia para intentar instalar un relato que no es tal. Hace 50 días que asumieron el gobierno, recibieron una provincia ordenada y funcionando. Ponganse a gobernar», cierra el comunicado.
Desde la administración del Gobernador Perotti, en cambio, prefirieron el silencio ante las reiteradas consultas de este portal.
