La decisión de la Casa Rosada de promulgar un decreto excluyendo a los familiares de ministros del gobierno provocó el rechazo de la provincia de Córdoba, que una vez más decide no alinearse con Macri. Cabe recordar que el propio Schiaretti aseguró una cláusula gatillo en las negociaciones paritarias de este año cuando el Ejecutivo nacional recomendó eliminarlas pese a los cambios de la meta infalcionaria.
«La gestión del gobernador Juan Schiaretti no realizó en la administración pública provincial una evaluación por parentesco sino por capacidad y eficiencia en la gestión, con lo cual no va a haber ninguna medida excepcional», indicó el funcionario cordobés Juan Carlos Massei.
En declaraciones a Cadena 3, Massei, ministro de gobierno provincial, señaló que una medida de ese tipo tampoco resulta necesaria en términos financieros ya que «desde el primer día» el gobierno provincial tomó decisiones que le permitieron «tener superávit fiscal en 2016 y 2017».
Recordó, en este contexto, que «la provincia tiene 1.826 empleados públicos menos» que cuando asumió Schiaretti en 2015, y detallo que «planta de funcionarios es de 179» personas solamente. «Nosotros respetamos absolutamente las decisiones del gobierno nacional, acompañamos la gobernabilidad y la institucionalidad. Estamos cumpliendo con el consenso fiscal», concluyó.
Con respecto a este tema, varios intendentes del Conurbano bonaerense decidieron guardar silencio ya que varios tienen familiares directos contratados en la administración pública. Martiniano Molina, jefe comunal de Quilmes, es uno ya que cuenta con su hermano Tomás como asesor de gabinete.
En Morón, Ramiro Tagliaferro también tiene a su hermano Leandro contratado por la municipalidad. Fuentes oficiales indicaron a LPO que «quienes trabajan en el municipio son personas competentes y no como pasaba en las gestiones anteriores donde todos eran familiares».
Otros, como Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, o Nicolñas Ducote, de Pilar, señalaron que siguieron los pasos necesarios para achicar la estructura de sus organigramas en porcentajes cercanos al 22% y que no poseen familiares directos en la administración de las localidades.
