Las tensiones entre los jueces federales de Comodoro Py y la Corte Suprema de Justicia vienen creciendo en los últimos días gracias a dos fallos del máximo tribunal de la Nación. El primero fue un pedido de investigación sobre la conformación de la Sala I de la Cámara Federal, que decidió la liberación del empresario Cristóbal López y a su socio Fabián de Sousa y el segundo es una tardía orden a la bicameral de Inteligencia para determinar las causas de la filtración de los audios de las escuchas telefónicas a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, que llegaron a manos del periodismo. También se le requirió al juez Rodolfo Canicoba Corral, que tiene a cargo una causa penal sobre el tema, que informe si fueron detectadas fallas en el resguardo de la confidencialidad y la custodia de los audios en cuestión.
En el caso del fallo sobre López, no se trató de una decisión unánime del tribunal ya contó con el voto a favor de Jorge Ballestero, mientras que Leopoldo Bruglia se opuso, lo que obliga a convocar a un tercer juez para desempatar. Las sospechas radican precisamente en la elección para este rol de Eduardo Farah, integrante de la Sala II, quien acabó pronunciándose por la liberación de los detenidos. El tercer camarista debería haber surgido de un sorteo pero se sospecha de una selección a dedo. Por este motivo, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz aprovecharon la sesión de acordadas de los jueves para ordenar una investigación sobre el procedimiento de elección a Farah. Incluso el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, que semanas atrás se había manifestado en contra de fallar de acuerdo a lo exigido por la opinión pública, debió sumarse al dictamen. Este gesto, según publica el portal La Política Online, fue considerado por los jueces federales de Comodoro Py como una traición de Lorenzetti.
Sin embargo, el tema más grave en esta auténtica guerra judicial tiene que ver con la difusión de las escuchas sobre la ex presidenta y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que en los últimos meses han venido filtrándose reiteradamente a los medios desde hace casi un año y medio, pero con una fuerte aparición en las últimas semanas en el programa de Luis Majul en Radio Berlín.
En enero de 2016 el presidente Mauricio Macri definió por decreto que el Departamento de Captación de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) quedara bajo la órbita de la Corte Suprema. Desde ese momento, la CSJ fue multiplicando las facultades del organismo (rebautizado como Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), habilitándolo para acceso a bases de datos clave como las de la AFIP, además de manejar las «pinchaduras» telefónicas. Los responsables del organismo, designados por el máximo tribunal, son los camaristas Martín Irurzun y Javier María Leal de Ibarra, así como a Juan Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario de Ariel Lijo, como secretario ejecutivo del organismo.
Con el pedido de investigación sobre las filtraciones de los audios, la CSJ cuestiona al organismo creado recientemente por ella misma, manejado por los jueces Irurzun y Lijo (aliados de Lorenzetti), además de involucrar directamente en el escándalo a la AFI, hoy encabezada por Gustavo Arribas. El titular de la AFI está operando claramente dentro de la justicia federal por cuenta del Gobierno y recientemente, según publicó el propio diario Clarín, se reunió con el juez Ballestero para pedirle que Cristóbal López no sea liberado (lo que va en sintonía con las exageradas declaraciones de “indignación” de Macri respecto del fallo en cuestión).
La guerra judicial llegó incluso al Poder Legislativo, ya que en la previa de la conflictiva sesión del miércoles de la Cámara de Diputados (finalmente levantada en medio del escándalo por la decisión de Cambiemos de no dar quórum para discutir el “megaDNU” de Macri) se había acordado un texto entre oficialismo y oposición para requerirle a la CSJ que “informe en el marco de qué actuaciones judiciales, identificando en qué tribunal se encuentran radicadas, se han interceptado las comunicaciones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli (….) asimismo se solicita que informe si ha determinado como fue que esas escuchas tomaron estado público y qué medidas ha tomado para asegurar el adecuado resguardo de este tipo de elementos de prueba”. Más allá de que finalmente no se pudo votar el requerimiento, se llegó a citar a Arribas, Lorenzetti e Irurzun a dar explicaciones en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
