El Gobierno se propone seguir ajustando el gasto público y para ello piensa emitir a la brevedad un decreto que, entre otras medidas, congelaría el ingreso de empleados públicos hasta el fin del mandato de Mauricio Macri. El paquete de medidas generarían un ahorro de más de 20 mil millones de pesos según estimaciones del Ministerio de Modernización.
Según se anticipó, el decreto se publicaría a principios de la próxima semana. El diario Clarín tuvo acceso al borrador y detalla que según el mismo se plantea que no ingrese personal nuevo a los ministerios, Jefatura de Gabinete, ni organismos descentralizados como AFIP, PAMI, ANSES u otros “bajo cualquier modalidad de empleo o contratación”. Algunas de las pocas excepciones son las universidades, el Conicet, el servicio exterior y las Fuerzas Armadas y de seguridad, donde podrían realizarse incorporaciones “autorizadas”. También estarían habilitados a continuar los concursos en marcha, los habilitados por la Ley de Presupuesto para reponer vacantes, los que incorporarían cargos previstos en “estructuras orgánico-funcionales” y los casos particulares en los que se considere que existe “criticidad profesional o técnica, con riesgo operativo, previo agotamiento de búsqueda interna y autorización extraordinaria del Ministerio de Modernización/Jefatura de Gabinete”.
Otras de las medidas de reducción de gastos es la cancelación de los convenios con universidades por Asistencias Técnicas (a partir del 31 de diciembre de este año), por lo que ya no se podrá recurrir a esta modalidad para proveer servicios personales. Según consigna Clarín, una fuente oficial explicó que “estos son los acuerdos que generó el gobierno anterior, de los cuales había 16.000 empleados en noviembre de 2015 y, en la actualidad, involucran a 7.000 empleados públicos”.
Las medidas habían sido adelantadas hace algo más de un mes por los ministros de Modernización Andrés Ibarra y de Hacienda Nicolás Dujovne en conferencia de prensa. También se incluye en el paquete un recorte de gastos de toda la Administración Pública Nacional, apuntando a “reducir un 30% los gastos de movilidad, viáticos, comidas y horas extras”. También deberá achicarse en una proporción similar el presupuesto para gastos vinculados con viajes al exterior, prohibiéndose los traslados en “clase ejecutiva” para funcionarios de rango inferior a ministro. Además se analizarán todas las bonificaciones o premios vigentes para definir su “pertinencia, alcance e impacto presupuestario” y se suspenderá cualquier otro nuevo “suplemento o beneficio” hasta fines de 2019.
Por otra parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hará un relevamiento de la flota de vehículos del Estado nacional, se suspenderá la compra de los vehículos que están en trámite y se venderán los que no estén en uso, mientras que los choferes que queden sin tareas “tendrán la posibilidad de capacitarse en el INAP para ejercer otro puesto de trabajo en la Administración Pública”.
La Jefatura de Gabinete se ocupará de revisará las estructuras de organización de los entes descentralizados y desconcentrados en un plazo de 90 días y las empresas públicas tendrán que informar su planificación de gastos de personal. Los directores que ejercen otras funciones públicas deberán renunciar a uno de sus cargos y percibir un sólo salario.
El Gobierno nacional invitará “a los otros poderes, provincias y municipios” a adoptar medidas similares, con el objetivo de reducir el déficit fiscal, en sintonía con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional.
