Mediante el Decreto 70/2017 que aparece publicado hoy en el Boletín Oficial comienza a regir el nuevo régimen de controles migratorios en Argentina. A través de este DNU, el gobierno oficializó las modificaciones a la Ley 25.871, vigente hasta el momento,.
Estas modificaciones se cristalizan principalmente en la rápida deportación de extranjeros que cometan delitos en suelo argentino y paralelamente en el no ingreso de extranjeros con antecedentes penales o causas abiertas en sus países de origen.
Esta medida, que recibió críticas por ejemplo del diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, “por no pasar por el Congreso” fue justificada por el gobierno, que habló de la necesidad de apurar el tiempo de los procesos y de los números que muestra las estadísticas.
El texto oficial señala que “la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total” y que, en los delitos vinculados a narcocriminalidad, un 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros”.
