María Laura Beherán
Hoy, día de San Valentín es una buena fecha para reacomodar la relación entre Nación y provincias. Pero no es una relación afectiva, es fiscal y los números mandan. En ese contexto, los ministros de Economía provinciales con el Gobierno nacional se sentarán en la Casa Rosada para comenzar a delinear técnicamente la implementación del nuevo esquema de distribución de la Coparticipación Federal a las provincias.
El Ministro del Interior, Rogelio Frigerio será el responsable de llevar adelante esta negociación, que además de económica, es netamente política. Frigerio ya tuvo aproximaciones con los gobernadores pero hoy para ir «al hueso» estará sentado a la mesa el Ministro de Hacienda nacional, Nicolás Dujovne, anfitrión del encuentro.
El debate se prevé largo y duro, pues la hipótesis que plantea el gobierno de que la nueva distribución será “equitativa” y que ninguna provincia deberá “ceder recursos”,en la realidad, es de difícil aplicación, considerando que en Economía los recursos siempre son escasos y surgirá indefectiblemente el efecto de la “frazada corta” (si cubro más un lado, destapo del otro). Este ha sido el eterno problema a la hora de las modificaciones federales, que requieren, pasar por el Congreso, y contar con la votación de los representantes de todas las provincias.
El Gobierno propondrá hoy un nuevo esquema de reparto que tome en cuenta las necesidades de cada distrito, pero también su «esfuerzo fiscal» y en base a eso se determinará así la cifra para cada administración. Eso suma un punto más de discusión a la discusión misma.
La base para un nuevo reparto de fondos saldría del esquema actual de «coeficientes fijos», por los cuales hoy la Nación recibe el 41% del total total de la recaudación mientras que las provincias se reparten el resto. Según el nuevo régimen, estos números podrían ser modificables «periódicamente» según las necesidades de cada provincia y sus mejoras en la recaudación de impuestos y control del gasto.
Están confirmadas las presencias de todas las administraciones provinciales, incluidas las más hostiles: como San Luis o Formosa. Sabedores de las críticas que podrá despertar el proyecto, sobre todo en las provincias más distantes , desde el Gobierno ya aclararon que «las decisiones de gasto y política tributaria local siguen estando en poder de cada jurisdicción», como para despejar posibles sospechas de intervencionismo en las cuentas provinciales.
Es cierto que Buenos Aires es la más desfavorecida en el ingreso, pues su distribución, al ser per cápita se desvanece en un territorio superpoblado ( de 16 millones de habitantes), que además, en 1986 cedió 6 puntos de su coparticipación y nunca pudo recuperarlos.
Esa pérdida, en parte, es la causante del déficit estructural de la provincia, que en algún momento fue saldada con el Fondo del Conurbano, pero que luego también quedó totalmente desactualizado.
De allí los $25.000 millones con que el presidente socorrió a la gobernadora Vidal recientemente, medida polémica, para muchos, que todavía no ha sido digerida por algunos otros gobiernos provinciales y que no pasará desapercibida en este debut.
