Tras la denuncia que realizó la IGJ contra la asociación civil de Patricia Bullrich por desvío de fondos hacia su campaña electoral, ahora el fiscal Carlos Stornelli, que quedó a cargo de la causa, decidió comenzar su investigación con una orden para allanar al denunciante, que es la Inspección General de Justicia (IGJ).
El martes al mediodía irrumpieron agentes de la Policía Federal y dos colaboradores de Stornelli en la sede de Paseo Colón 285 con el pretexto de llevarse el expediente administrativo en el que se basó la denuncia por defraudación y violación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
https://informepolitico.com.ar/interna-jxc-bullrich-desafia-a-larreta-y-le-planta-internas-en-pba/
La IGJ se había negado a entregar en un comienzo la información porque había recusado tanto al fiscal como al juez, Sebastián Ramos, a quienes vinculó con sectores del PRO, que Bullrich lidera, y esto no estaba ni está resuelto. La respuesta fue mandar a buscar todo por la fuerza con un mecanismo a primera vista disciplinador cada vez más en boga en algunos despachos de los tribunales de Comodoro Py.
Lo que llama la atención es que la orden de allanamiento aparezca en la causa donde se debe investigar, precisamente, a la precandidata y los gigantescos movimientos de dinero del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que es una entidad sin fines de lucro.
Denuncia de la IGJ
Lo que había detectado la IGJ, que encabeza Ricardo Nissen, es que solo en 2022 el IEES recibió 65 millones de pesos, y desde 2020 suman 90 millones en total.
En 2019 le habían ingresado solo 741,93 pesos. La primera denuncia, que reclamaba una intervención judicial, ya señalaba un doble mecanismo: el IEES empezó a recibir grandes sumas en los comienzos de la campaña, con la excusa de encuentros/almuerzos que eran presentados como seminarios y donaciones de grandes empresas.
En rigor eran eventos proselitistas, como incluso consignaron varios medios de provincias por donde Bullrich estuvo de visita. En el mismo período, reveló la IGJ, la asociación pagó pasajes, catering, alquiler de salones y hasta las cuatro líneas de telefóno a nombre del partido de Bullrich, Unión por la Libertad, fusionado con el PRO.
Quienes pusieron plata para estos «eventos» fueron cerca de 400 personas (humanas y jurídicas) en su mayoría vinculadas a los rubros agroindustrial, seguros, bancos, entre otros.
También aportaron dinero dos casinos de Santa Fe (Casino Melincué S.A y Casino Puerto Santa Fe S.A), lo que según la IGJ constituiría una estrategia para «violar las disposiciones y prohibiciones de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos”, que impide contribuciones de quienes exploten juegos de azar. Esa norma, además, tiene límites anuales -de acuerdo a la cantidad de electores registrados- que se pudieron haber burlado.
La denuncia penal planteaba que a través del IEES Bullrich «procuró para sí un lucro indebido» al utilizar «dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno para afrontar gastos de su propia y particular campaña». El desvío de fondos de una asociación civil es una forma de defraudación.
