El cordobés Juan Schiaretti fue el primero de los gobernadores en reunirse con el presidente Mauricio Macri después de la firma del acuerdo con el FMI. Más allá de su reciente acercamiento al gobierno, la reunión fue tensa y volvió a pedir por subsidios para los transportes y la transferencia de Aysa a la provincia de Buenos Aires, un reclamo común de varios gobernadores que genera tensiones con María Eugenia Vidal.
Después del encuentro de 45 minutos de este lunes, de la que también participó el ministro del Interior Rogelio Frigerio, no hubo una declaración oficial sobre los temas tratados y Schiaretti se retiró sin hacer declaraciones. Uno de los planteos adelantados por el Presidente fue el de la necesidad de avanzar con la baja del déficit, tal cual lo exige el FMI. Por el lado del mandatario cordobés se recordó la necesidad de que ese recorte sea con criterios parejos para todos los distritos de país, por lo que insistió en la necesidad de que el Estado nacional deje de subsidiar a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires y se avance con el traspaso efectivo a esos distritos de Aysa, Edenor y Edesur. También hizo referencia a la necesidad de que sea CABA quien deba afrontarlos gastos de funcionamiento de la justicia en la Capital y reclamó más subsidios al transporte, destacando la desigualdad en los aportes estatales a las empresas de transporte de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires.
La reunión con Schiaretti se suma a una serie de encuentros que Presidencia está llevando adelante con los gobernadores para avanzar en la puesta a punto del “gran acuerdo nacional” (ahora rebautizado como “acuerdo para el desarrollo”) propuesto por el oficialismo para concretar recortes a los gastos del Estado en el debate del presupuesto 2019. Ya han pasado una docena de mandatarios provinciales por la Casa Rosada. Frigerio se reunió con cuatro gobernadores este lunes: el neuquino Omar Gutiérrez, la fueguina Rosana Bertone, el mendocino Alfredo Cornejo y el formoseño Gildo Insfrán.
Según lo comprometido con el Fondo Monetario, el Gobierno apunta a un recorte de 60 mil millones de pesos en obra pública en los próximos años, por lo que los gobernadores anticipan un fuerte impacto en la actividad provincial, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años la construcción fue el único motor dinámico de la economía, especialmente en un contexto en el que la mayoría de las economías regionales han profundizado su crisis.