El Gobierno nacional aprobó, en base a estudios confidenciales, el consumo de papa y trigo transgénicos. La comisión técnica-científica encargada de evaluar la salubridad de los productos está integrada por las mismas empresas que venden las semillas.
En noviembre Bioceres presentó el “trigo HB4”, una semilla que según la empresa productora es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio. E. 10 de diciembre, el propio Gobierno presentó la papa transgénica de Tecnoplant (Grupo Sidus), ya aprobada para su comercialización, presuntamente resistente al virus “PVY” (“potato virus”).
Diversas organizaciones sociales y de defensa de la biodiversidad plantearon una campaña contra la difusión de estas materias primas modificadas transgénicamente. “No se metan con nuestro pan”, fue una de las consignas aglutinantes del reclamo. Desde la cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA denunciaron: “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios”. Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras organizaciones, se sumaron al reclamo.
En nuestro país no hay leyes que obliguen a identificar los productos que contienen materia prima transgénica, algo que sí es obligatorio en los países de la Unión Europea, además de en Rusia, India, China y Australia, entre otros. En nuestro país, además, los estudios “de inocuidad” están a cargo de las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. De los 36 integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), a cargo de los estudios, 26 son representantes de las empresas o tienen conflictos de intereses.
Según Carla Poth, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín que realizó su tesis doctoral sobre la Conabia, la institución es “juez y parte en la liberación de transgénicos”. Y añade: “Eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank, integrante de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, denunció que además el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional, con lo que existe riesgo de contaminación del trigo no trangénico por el transgénico por simple contigüidad.
Respecto de la papa transgénica, uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien fuera jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia (cargo desde el que tenía injerencia en el Conicet y la Conabia) al momento de la aprobación del proyecto. El propio Lino Barañao formó parte del grupo Grupo Sidus, desde donde impulsó la clonación de animales.
En 2006 el Parlamento Andino (órgano deliberativo que integran Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica, resaltando la “inestabilidad” del cultivo y alertando que “una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”.
Fank concluyó: “No pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
El Gobierno nacional aprobó, en base a estudios confidenciales, el consumo de papa y trigo transgénicos. La comisión técnica-científica encargada de evaluar la salubridad de los productos está integrada por las mismas empresas que venden las semillas.
En noviembre Bioceres presentó el “trigo HB4”, una semilla que según la empresa productora es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio. E. 10 de diciembre, el propio Gobierno presentó la papa transgénica de Tecnoplant (Grupo Sidus), ya aprobada para su comercialización, presuntamente resistente al virus “PVY” (“potato virus”).
Diversas organizaciones sociales y de defensa de la biodiversidad plantearon una campaña contra la difusión de estas materias primas modificadas transgénicamente. “No se metan con nuestro pan”, fue una de las consignas aglutinantes del reclamo. Desde la cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA denunciaron: “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios”. Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras organizaciones, se sumaron al reclamo.
En nuestro país no hay leyes que obliguen a identificar los productos que contienen materia prima transgénica, algo que sí es obligatorio en los países de la Unión Europea, además de en Rusia, India, China y Australia, entre otros. En nuestro país, además, los estudios “de inocuidad” están a cargo de las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. De los 36 integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), a cargo de los estudios, 26 son representantes de las empresas o tienen conflictos de intereses.
Según Carla Poth, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín que realizó su tesis doctoral sobre la Conabia, la institución es “juez y parte en la liberación de transgénicos”. Y añade: “Eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank, integrante de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, denunció que además el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional, con lo que existe riesgo de contaminación del trigo no trangénico por el transgénico por simple contigüidad.
Respecto de la papa transgénica, uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien fuera jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia (cargo desde el que tenía injerencia en el Conicet y la Conabia) al momento de la aprobación del proyecto. El propio Lino Barañao formó parte del grupo Grupo Sidus, desde donde impulsó la clonación de animales.
En 2006 el Parlamento Andino (órgano deliberativo que integran Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica, resaltando la “inestabilidad” del cultivo y alertando que “una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”.
Fank concluyó: “No pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
