En tiempo récord, el gobierno porteño llevó adelante negociaciones con el peronismo para que en la Legislatura se logre aprobar un convenio de transferencia de competencias penales de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad.
Esto otorga la posibilidad de que en el distrito se traten delitos como corrupción de funcionarios públicos y enriquecimiento, entre otros. Esta normativa fue aprobada por el Congreso de la Nación en 2011 pero jamás fue ratificada por la Legislatura ya que en el mencionado año, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, expresó su malestar porque la administración nacional encabezada por Cristina Kirchner no le transfería los recursos económicos para hacer frente a las nuevas competencias, los recursos humanos y la apertura de juzgado. Pero, con el cambio de signo político en la Casa Rosada, Larreta logró acordar con el Presidente los fondos para que la Ciudad pueda hacer frente a las obligaciones.
Tal como señalan fuentes oficiales, el convenio contará con el visto bueno en el Parlamento gracias a un cambio que introdujo en la normativa el PRO y que fue solicitado por el Consejo de la Magistratura porteño y Juan Manuel Olmos, referente del PJ y un hombre de peso en la justicia de Capital Federal. Esta modificación, en el artículo tres más precisamente, permite que el fiscal general de la Ciudad, Luis Cevasco (alineado con Daniel Angelici) no tenga la exclusividad de dictaminar sobre si están dadas las condiciones presupuestarias, edilicias y de recursos humanos para que se efectúe el traspaso de competencias ni tampoco posea la facultad de decidir qué delitos traspasar.
Según da cuenta el nuevo proyecto, las reparticiones del Ministerio Público Fiscal, como la Defensoría General y la Asesoría Tutelar, y el Consejo de la Magistratura, cuentan con la posibilidad de participar en el esquema de traspaso «progresivo» entre las estructuras. Asimismo, el Ministerio Público redactará una resolución que contemple los aspectos del traspaso y la Comisión de Transferencia de la Magistratura, que preside el juez Darío Reynoso, tendrá 20 días para emitir dictamen y para que se reúna el plenario con el objetivo de avalar la operación. Si el organismo judicial de la calle Diagonal Sur no se expidiera en ese plazo, la resolución del Ministerio Público se dará por aprobada.
