La Legislatura porteña aprobó los convenios que permitieron avanzar con el traspaso de la Justicia a la Ciudad. En medio de la sesión, los trabajadores de ATE paralizaron el funcionamiento de la Legislatura, lo cual fue destrabado mediante gestiones del FPV y el PJ con el titular del gremio, Daniel Catalano.
En paralelo, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli citó a su despacho a Carmen Polledo (vicepresidenta primera de la Casa) y Francisco Quintana (jefe de bloque PRO), junto con Carlos Alfonso Tomada (jefe del bloque FpV), Gabriel Fuks, Adrián Camps, Daniel Catalano y el secretario General Adjunto de ATE Justicia y DDHH, Alejandro Martínez. Allí el macrismo aceptó crear una Comisión de Seguimiento del traspaso de la IGJ dentro de la Legislatura, la cual se votaría el próximo 20 de abril.
Destrabada la sesión, se aprobó que la Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Nacional en las Relaciones del Consumo serán transferidas en forma gradual a la Ciudad Autónoma, con la excepción de las funciones que no sean de materia federal Tampoco serian traspasadas, por ahora, la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble; a la espera de que sea ratificado por el Congreso de la Nación.
En la sesión estuvieron presentes los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad: la Vicepresidenta Marcela Basterra, junto a los consejeros Lidia Lago, Vanesa Ferrazzuolo, Darío Reynoso, Marcelo Vázquez, Javier Roncero, Alejandro Fernández y Juan Pablo Godoy Vélez. El Consejo de la Magistratra, había sacado el último domingo una solicitada reclamando el traspaso: “Defender el traspaso es respetar la Constitución”, donde aseguran que “contamos con la infraestructura necesaria, tecnología de última generación, estándares de transparencia institucional, recursos humanos altamente capacitados y procedimientos judiciales ágiles como para incorporar con eficacia a las nuevas estructuras que llegarán a la Justicia porteña”.
Una vez concluida la sesión, el consejero Marcelo Vázquez afirmó que “Un nuevo paso para la autonomía plena y la equiparación en derechos de los porteños al resto de los argentinos. Por su parte, Basterra destacó “¡El traspaso de las competencias judiciales es un paso histórico para la autonomía de la Ciudad!”.
