El exsubsecretario de Justicia durante el gobierno de María Eugenia Vidal, Adrián Grassi, presentó un escrito en la causa que investiga el armado de una operación ilegal para atacar a gremialistas, conocida como Gestapo antisindical.
El exfuncionario reconoció sus vínculos con sectores de inteligencia para «interceder por las víctimas del accionar del sr. Medina».
Adrián Grassi se negó a declarar en la causa en la que se investiga el supuesto diseño de una estrategia ilegal para perjudicar a gremialistas de la construcción de la ciudad de La Plata, como Juan Pablo «Pata» Medina, pero entregó un escrito en el que reconoció haber visitado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para hablar de ese tema.
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«Mis ingresos a la AFI fueron por cuestiones estrictamente laborales, se encontraban dentro de mis funciones intermediar entre los distintos actores de los procedimientos judiciales y debía interceder por las víctimas del accionar del sr. Medina», dijo Grassi.
Fue uno de los asistentes a la famosa reunión que se hizo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, de la que participaron otros miembros del gabinete de Vidal; el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador provincial Juan Pablo Allan, empresarios platenses de la construcción y exintegrantes jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Un video de esa reunión, que ahora se investiga como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar a Medina y a otros dirigentes de la Uocra La Plata, llegó a la justicia a través de una presentación de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien denunció haber encontrado el material audiovisual mientras se llevaban a cabo procedimientos de rutina de limpieza de discos rígidos del organismo.
Grassi entregó un escrito de 49 páginas en el que, como primera medida, cuestionó la competencia del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak para intervenir en este expediente: sostuvo que si se investiga un supuesto plan del que pudo participar el Gobierno nacional (entonces a cargo de Mauricio Macri) la causa debería tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.
También pidió que se anule como prueba la grabación que dio origen a la investigación.
«En mayo de 2017 fui contactado por un grupo de empresarios del rubro de la Construcción de la Ciudad de La Plata para poner en mi conocimiento situaciones conflictivas que padecían por el accionar ilegítimo del señor Juan Pablo Medina, de la seccional de La Plata de la UOCRA», describió Grassi en su descargo.
«Mi consejo siempre fue el mismo: que se presenten ante la justicia a denunciar los hechos por los que resultaban damnificados para, de esa forma, abordar los mismos con las herramientas que el derecho brinda y encontrar una solución definitiva», sostuvo Grassi que les dijo a los empresarios a los que, según surge del escrito, también les habló de la posibilidad de declarar como testigos de identidad reservada.
En cuanto a la reunión en el Bapro, Grassi dijo que allí «no se cometió ningún delito ni se pergeñó un supuesto plan criminal ni nada que se le parezca», a la vez que afirmó que no estaba al tanto de que estaba siendo grabado.
El exfuncionario de Vidal también tuvo que dedicar una parte de su descargo a explicar sus ingresos a la AFI dado que forman parte de la imputación: en el expediente está acreditado que ingresó a la central de espías a reunirse con el exjefe de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, quien también estuvo en la reunión del Bapro, y que en una oportunidad asistió junto con Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de Vidal, también imputado.
