Tras el fallo judicial del TSJ que exige un certificado de pobreza para acceder a la educación pública de la Ciudad, un fallo en primera instancia le ordena a la gestión Larreta que otorgue una vacante en sala de un año del nivel inicial.
La decisión judicial partió desde el titular del Juzgado n° 2 del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce el juez Andrés Gallardo.
En su fallo, el magistrado ordenó al Ejecutivo porteño garantizar una vacante para una nena en el Jardín Maternal nº 11, DE 9, en el turno de 8:45 a 16:15, o en algún establecimiento educativo de gestión pública con jornada simple extendida que se ubique dentro del radio de dos mil metros del domicilio de la familia, o que abone “la totalidad de las erogaciones que impliquen la asistencia de la niña a una escuela infantil o jardín de infantes de gestión privada –a elección del padre– dentro del mismo radio”.
“La negativa a otorgar a la niña una vacante en alguna de las escuelas elegidas sin ningún fundamento concreto constituye, en principio, un obstáculo inaceptable al normal ejercicio del derecho a recibir de parte del Estado, la educación gratuita garantizada tanto en la Constitución y leyes locales, como en las normas internacionales de rango constitucional”, señaló el magistrado.
Desde la Ciudad se excusan con que no cuentan con vacantes y ahora se amparan en la decisión del TSJ. La oposición, el Frente de Todos y la Izquierda, anunció a fines de diciembre la presentación de juicio político a cuatro de los cinco miembros del máximo tribunal de justicia porteño.
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«El fallo restringe derecho y con fundamentos que comprometen a la Legislatura de la Ciudad: uno de los magistrados dijo que la Legislatura no le había otorgado al Ejecutivo el presupuesto necesario para llevar adelante las políticas educativas de ampliación de derechos y para que haya más oferta de vacantes en la Ciudad. Ahora todos sabemos que en este Parlamento el oficialismo tiene una mayoría automática y el Presupuesto lo manda el Ejecutivo, que así como vino se aprobó. Presupuesto que en términos de esfuerzos de la Ciudad, el más bajo en 13 años. Y tiene uno de los recortes más importantes en infraestructura escolar, que es uno de los problemas más graves. Porque si necesitamos más vacantes, necesitamos más escuelas. El recorte en infraestructura escolar es del 68% en términos reales. Y la Justicia habla por Soledad Acuña, porque esos argumentos que da el TSJ son los mismos de la ministra cada vez que responde de manera restrictiva, cuando se le pide que cumpla con la Constitución en su artículo 24», sostuvo ante este medio la legisladora María Bielli (FdT).
