La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que durante el gobierno de Juntos por el Cambio se vendieron bienes del Estado «por debajo del valor del mercado» y advirtió que tampoco «destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social».
La AGN concluyó que durante el gobierno de Cambiemos, la «agencia de bienes del Estado vendió inmuebles a particulares por debajo de su valor de mercado, no destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social y no cumplió con la legislación vigente».
El organismo autónomo auditó la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional referido a alquileres, ventas y traspasos entre los años 2016 y 2019, período en el que gobernó el macrismo.
Entre los resultados del reporte se consignó que se llevaron a cabo «71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842,4 millones de dólares» y que la ciudad de Buenos Aires «concentró el 77.2% de las operaciones».
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En relación a las ventas, en el 100% de los expedientes analizados se observó la falta de mecanismos utilizados por la AABE para «determinar el precio base de las subastas», y se observó que en «el 56% de los casos se adjudicó a un menor valor que el establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación», que implicó una «merma en el ingreso de fondos por 62 millones de dólares».
También se verificó que, ante una devaluación superior al 100%, «no se actualizó el valor de recupero de los inmuebles a la fecha de su liquidación», y que entonces se calculó «equivocadamente el monto resultante de la venta, lo que impactó negativamente en los montos destinados al Estado Nacional por 426 millones de pesos».
Además, se analizó que en la venta del inmueble de Catalinas Norte II, ubicado en Puerto Madero, el Tribunal de Tasaciones de la Nación realizó la tasación de la propiedad sobre una superficie que resultó 39% menor a la que se terminó escriturando, generando que la AABE reciba «un valor inferior al que le correspondía», se indicó.
En cuanto al principio de subastas, se consideró que «se vio vulnerado» porque se constató que hubo una «baja participación de oferentes» porque en el «58,8% de los casos no hubo puja entre oferentes, lo que impidió obtener el mayor precio que esté dispuesto a pagar el mercado».
En relación a las operaciones que no constituyeron ventas, se advirtió que la AABE «no realizó asignación de inmuebles para programas que atiendan demandas habitacionales de la población, como el Procrear, conforme a lo previsto en la normativa, derivando en la falta de aprovechamiento de inmuebles del Estado con destino a las políticas redistributivas, el crecimiento y el desarrollo económico con inclusión social».
Además, se detectó que, contrariando la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal que prohíbe la donación o venta de activos fijos durante los últimos seis meses de fin de mandato presidencial, la AABE transfirió inmuebles en concepto de dación en pago al Gobierno de la CABA por 148.2 millones de dólares.
Qué es la AGN
La Auditoría General de la Nación fue creada en 1992 por la sanción de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
En 1994, la reforma de la Constitución Nacional le otorga rango constitucional.
Es un organismo con autonomía funcional y con facultades propias, que tiene como principal misión la realización de auditorías y estudios especiales asistiendo técnicamente al Congreso de la Nación en el ejercicio del control externo del Sector Público Nacional.
Su fin es promover el uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos y contribuir a la rendición de cuentas y sus resultados para el perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad.
La Auditoría realiza el control externo posterior a la gestión de la administración central, los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, los Entes reguladores de servicios públicos, las instituciones de Seguridad Social, los Fondos Fiduciarios integrados con bienes y fondos del Estado, las organizaciones privadas que reciban subsidios o aportes del Estado e instituciones cuyos fondos o administración estén a cargo del Estado.
Las autoridades de este organismo conforman el Colegio de Auditores, formado por un presidente, designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Parlamento, y seis auditores generales: tres designados por la Cámara de Diputados y tres por la de Senadores.
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso aprueba el Programa de Acción Anual de control externo a desarrollar por la AGN.
Algunos de los valores que guían la labor de la AGN son la independencia con respecto a la entidad fiscalizada y otros grupos de intereses externos, la objetividad en el tratamiento de las cuestiones sometidas a revisión, y el profesionalismo en el desempeño competente de sus responsabilidades.
El resultado de la evaluación de la AGN se materializa en informes escritos y públicos en los que queda expresado el objetivo, método y alcance de su labor y la situación encontrada en los ámbitos objetos de control, a la vez que se proponen las mejoras al desempeño de la actividad estatal.
Los principales destinatarios de sus informes son los miembros del Congreso de la Nación, los responsables de las entidades auditadas y la ciudadanía en su conjunto.
Además de las clásicas auditorías financieras también se realizan auditorías de cumplimiento, de gestión, de deuda pública, ambientales e informáticas.
Es destacable que la AGN, como órgano rector del Control Público Externo, ha elaborado normas de control gubernamental siguiendo los estándares más avanzados a nivel internacional, las que implementa desde 2017. Además, en 2018 inició la informatización del proceso integral de auditoría, y en 2020 desarrolló nuevos procedimientos que dan validez a los informes digitales. Se han incorporado también nuevas herramientas en el trabajo de auditoría, como el uso de drones para recoger evidencias en terrenos abiertos.
Con la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre sus objetivos estratégicos en 2018, la AGN saltó cualitativamente y se ubicó a la vanguardia en esta temática de relevancia mundial.
Asimismo, tiene una importante participación en organizaciones internacionales en materia de control, como la INTOSAI, la OLACEFS y EFSUR.
En INTOSAI, la AGN integra su Comité Directivo y forma parte de los grupos de trabajo de Deuda Pública, de Industrias Extractivas, de Auditoría Ambiental y del Comité de Normas Profesionales.
En OLACEFS, preside las Comisiones Técnicas de Prácticas de Buena Gobernanza y de las Tecnologías de la Información y Comunicación e integra el Comité de Creación de Capacidades. En EFSUR ejerce su Secretaría Ejecutiva.
Desde 1992, la Auditoría General de la Nación mantiene un estándar de excelencia en el Control Público, realizando auditorías de gran repercusión tanto en el Estado como en la opinión pública, y continúa trabajando en la transparencia del organismo y en una mayor participación de la ciudadanía.
