Una reciente auditoría del balance de la campaña electoral de Cambiemos para las primarias de 2017, llevado adelante por peritos de la Cámara Nacional Electoral, aconsejó al juez federal Adolfo Ziulu no aprobar la rendición de cuentas oficial, por la presencia de aportes de empresas o entidades prohibidas por la ley y por considerar que “resulta llamativo” que beneficiarios de planes sociales hayan donado a la campaña que llevó como candidatos a Esteban Bullrich (a senador) y a Graciela Ocaña (a diputada).
Según los especialistas, “no resulta posible aconsejar la aprobación del informe final del art. 37 de la ley 26.571 de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, categoría diputados nacionales, celebradas el 13/8/2017, presentado por la Alianza Cambiemos Buenos Aires, del distrito Buenos Aires, hasta tanto sean subsanadas las observaciones”.
El informe, elevado al juez interviniente el pasado 31 de julio, destaca la presencia de más de un centenar de presuntos aportantes que también son beneficiarios de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social y de la Anses: “Cabe señalar que tratándose de personas que reciben algún tipo de beneficio social por parte del Estado nacional o están inscriptas en el monotributo social en el que podrían ser beneficiarias de tales programas, resulta llamativo, aun siendo individualmente de poca cuantía, que realicen aportes a una agrupación política”. Además, el texto reconoce explícitamente que muchos de estos aportantes “rechazan haber realizado el aporte informado”, tal como se viene denunciando hace meses a partir de la investigación del periodista Juan Amorin, y varios ya fueron citados a declarar por el juez Ziuli.
El magistrado además libró un exhorto para que el juzgado federal competente en el área electoral de la ciudad de Buenos Aires cite a otros 25 presuntos aportantes e hizo lo propio con juzgados federales de Morón, San Isidro, San Martín y Mar del Plata.
La auditoría también registra otro tipo de irregularidades, tales como aportes efectuados por empresas o entidades prohibidos por la ley, por empleados, socios o directivos Autopistas Urbanas SA y Petrolera El Trébol SA, etc. En el caso de aportantes que pertenecen a una misma empresa, se presenta el caso curioso de que todos repiten el monto, lo que da lugar a sospechas sobre un dibujo contable. Al respecto, concluye el informe: “Existen casos de personas físicas y jurídicas relacionadas entre sí en la misma entidad, situación que permite inferir con cierto grado de certeza que se trata que se trata de aportes indirectos efectuados por las empresas o entidades, prohibidos por la legislación vigente”.
