La medida anunciada este lunes por el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa cosechó festejos por parte de los propios y también reacciones en contrario del sector opositor.
https://informepolitico.com.ar/alberto-anuncio-la-estatizacion-de-vicentin/
Uno de los primeros dirigentes en opinar fue el exsenador macrista Federico Pinedo, integrante de la alianza Juntos por el Cambio. Si bien no hizo mención específica a Vicentín, Pinedo lanzó un tuit sugerente con la palabra «expropiación» incluida.
Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica.
— Federico Pinedo (@PinedoFederico) June 8, 2020
En esa línea se expresó también la titular del partido GEN, Margarita Stolbizer. A diferencia de Pinedo, el objetivo de su crítica fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a quien acusó de no presentar un «plan de desarrollo productivo» durante el transcurso de la pandemia de coronavirus.
Cuánto mejor hubiera sido que la 1ra aparición del ministro Kulfas en la pandemia, tuviera x objeto presentar un plan de reactivación productiva, del empleo y apoyo a las pymes.
— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) June 8, 2020
Por su parte, la izquierda se sumó a los reclamos desde un ángulo distinto. El diputado y excandidato presidencial del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), Nicolás del Caño, pidió ir un paso más allá de la expropiación de la empresa alimenticia.
Con la estafa que hizo Vicentin con Macri de mínima corresponde la expropiación y estatización sin pago bajo gestión de sus trabajadores.
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 8, 2020
Del Caño escribió: «Con la estafa que hizo Vicentin con Macri de mínima corresponde la expropiación y estatización sin pago bajo gestión de sus trabajadores», y añadió: «Están las pruebas de que fue una estafa. Por eso hay que expropiar vicentin sin pagar ni un peso de indemnización. Tiene que ser una empresa 100% estatal, gestionada por sus trabajadores y orientada al beneficio de los sectores populares».
En esa sintonía también se mostró el legislador porteño del FITU, Gabriel Solano. «Si el modelo de Vicentin es YPF estamos al horno. YPF acaba de imponer un ‘barril criollo’ que implica un subsidio enorme para todos los monopolios petroleros, la mayoría extranjeros. Más que soberanía refuerza el entreguismo. Si hasta BlackRock es accionista de YPF», escribió.
Por último, el economista liberal Roberto Cachanosky también se hizo eco de la situación y disparó su dura opinión en las redes sociales: «No pueden manejar eficientemente ni Aerolíneas y menos el sector público y quieren estatizar Vicentin».
El diputado Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria de la administración de Mauricio Macri, fue uno de los que ya sentó su opinión. “Lo que me preocupa es la visión que tiene el Presidente de que a partir de la expropiación de Vicentin vamos a tener soberanía alimentaria y que el Estado va a ejercer el rol de empresario del sector privado para el devenir de la post pandemia”, dijo el ex funcionario en declaraciones televisivas. “El Presidente acuña la frase ‘soberanía alimentaria’, ¿pero es teniendo una empresa o es produciendo más y generando más valor agregado? Me hace acordar a que íbamos a tener la soberanía monetaria y estatizamos Ciccone, e íbamos a tener la soberanía energética y estatizamos YPF”, abundó el legislador en diálogo con Radio Con Vos.
La Sociedad Rural Argentina, en tanto, se manifestó en contra de los anuncios a través de un duro comunicado: «La Sociedad Rural Argentina ve con suma preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU, así como su eventual expropiación a través del proyecto de ley que se enviará al Congreso».
«La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar», sostuvo la entidad agrícola.
Por último, el texto explica que «el Estado, a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad».
