El gobierno provincial de María Eugenia Vidal autorizó, a contramano de fallos judiciales y ordenamientos municipales, a que se fumigue con agrotóxicos sobre escuelas, viviendas y cursos de agua. Organizaciones socioambientales, docentes y campesinos repudian la decisión.
La medida que entró en vigencia el 1 de enero lleva la firma del actual ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto, y aprueba la fumigación (con glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros cuestionados agrotóxicos) sobre las escuelas rurales hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio formal de clases.
En 2012 la Suprema Corte provincial, basándose en un caso en la ciudad bonaerense de Alberti, había declarado ilegal una fumigación con estos químicos a menos de mil metros de cualquier vivienda, aplicando un “principio precautorio” para salvaguardar la salud de la población. Luego se reprodujeron fallos similares en tribunales de Mercedes, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Dolores y Chascomús. Un fallo en la provincia de Entre Ríos establecía salvaguardas aún más estrictas, prohibiendo fumigaciones terrestres a 1000 metros de cualquier escuela ya 3000 metros si se trata de aplicaciones aéreas.
Pero la provincia de Buenos Aires decidió pasar por alto esa cantidad de precedentes y aprobar la la resolución 246 que contradice numerosos estudios científicos sobre el impacto negativo en la saludo de los agrotóxicos y autorizar fumigaciones directamente sobre las escuelas.
Daniela Dubois, de la Red Federal de Docentes por la Vida y el Colectivo Ambiente Saludable San Andrés de Giles, denunció: “Están avasallando los derechos de niños, niñas y adolescentes. El actual modelo de producción agroindustrial está afectando gravemente a la población en general, y en particular a las comunidades educativas rurales que viven expuestas directamente a los graves riesgo de daños en la salud”.
Ana Zabaloy, docente rural de San Antonio de Areco, planteó: “Es vergonzosa la Resolución 246 de la gobernadora Vidal. Conocemos en primera persona el costo humano de este modelo basado en transgénicos y venenos, y no puedo dejar de vincular esta medida con el cierre de escuelas rurales que se está realizando en toda la provincia de Buenos Aires. Es tristísimo y terrible, pero no es casual: es un plan para dejarle el territorio libre al agronegocio”.
También desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) y la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama) denunciaron: “Nos oponemos a esta norma que busca promover el modelo de agronegocio basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”.
El argumento oficial para aprobar la decisión tiene que ver con estudios realizados en el marco de las “buenas prácticas agrícolas” (BPA), una serie de mecanismos aprobados por las propias empresas que miden el posible impacto de las fumigaciones en condiciones ideales de viento y humedad y descartan un posible impacto de los agrotóxicos sobre la salud. Las empresas que defienden estas BPA son las mismas vendedoras de las semillas transgénicas y de los químicos para limitar la proliferación de plagas y malezas en los cultivos: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Recientemente conformaron en nuestro país la “Red BPA”, junto a la Asociación de Siembra Directa (Aapresid), el INTA, Casafe (empresas de agrotóxicos), ASA (compañías de transgénicos) y la Sociedad Rural, entre otras entidades.
La Asociación de Medicina General de Buenos Aires (Amgba), que organiza a especialistas médicos y académicos, repudió la resolución 246 con un fuerte comunicado: “Han antepuesto los intereses del sector productivo por encima de la salud de las comunidades, el ambiente y todas las formas de vida. Como sociedad científica nos preocupa que se omita la amplia información científica válida que demuestra los efectos negativos para la salud de la exposición a agroquímicos”.
Desde distintas organizaciones socioambientales ya se anticiparon planteos judiciales por la derogación de esta peligrosa decisión provincial, que pone en riesgo la salud de miles de habitantes de las zonas rurales.
