La gobernadora de la provincia de Buenos Aires definió que serán dos los funcionarios que plantearán su postura en contra de la legalización del aborto: El ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín De la Torre, y Julio Conte Grand, procurador general de provincia, serán las espadas de María Eugenia Vidal para manifestar la postura de su gestión ante la discusión que Mauricio Macri promovió a nivel nacional.
La férrea postura de Vidal, la llevó incluso a anular a fines de 2016 la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al protocolo para la atención de abortos no punibles, que había sido firmada por su entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz, apenas unas semanas antes. “No le fue dada debida intervención previa a las distintas áreas de la administración con competencia en la materia”, fue la explicación pública sobre la anulación, que en realidad oculta el fuerte convencimiento de la gobernadora en contra del aborto legal, seguro y gratuito.
Según la resolución anulada por Vidal, las prácticas de los profesionales debían “estar destinadas a que, en base a la información veraz, adecuada y completa que se le brinde, la mujer pueda tomar la mejor decisión posible para ella” y estimaba que la interrupción del embarazado debía ser «ser realizada sin necesidad de una autorización judicial”».
En mayo del año pasado, Vidal dejó en claro su postura y afirmó que no cree «que las mujeres, por ocupar cargos públicos, estemos obligadas a promover la despenalización del aborto por el solo hecho de ser mujeres”, e incluso, aclaró que la adhesión firmada por Ortiz, reemplazada meses después por el actual ministro de Salud, Andrés Scarci, no fue «anulada», sino que fue «suspendida».
«No lo anulé, lo suspendí. No era una normativa, sino una recomendación que estaba publicada», insistió Vida, quien pidió considerar «la objeción de conciencia” de los médicos.
Ahora, con la discusión sobre el aborto en el centro de la escena, Vidal decidió apartarse de la misma y habilitar a que Conte Grande y De la Torre, con fuertes vínculos con la iglesia, defiendan su postura.
Desde la Gobernación, aseguraron a Informe Político que los funcionarios darán la discusión en distintos planos: «Una parte es científica, al considera que a partir de la semana cinco hay actividad neuronal. Al mismo tiempo, cuando el embrión se implanta en el útero ya hay un ADN distinto, o sea hay una persona, una vida», afirmaron.
A su vez, sostuvieron que hay una fuerte carga «religiosa» y que por las «convicciones a favor de la vida», plantearán la negativa a la despenalización.
Además, esgrimirán un argumento de tipo legal: «Cuando Argentina adhiere al Pacto de San José a través de la reforma de la Constitución del 94, incorpora el derecho a la vida y la protección del niño por nacer y ninguna ley puede ir contra la carta magna».
Finalmente, destacarán la sintonía con la postura de los curas villeros, quienes en un carta llamada «con los pobres abrazamos la vida» manifestaron que «no necesitamos agregar más muertes. Nuestros barrios necesitan propuestas de vida digna. Y una sociedad que proteja al más débil». A su vez, los curas cuestionaron al colectivo «feminista» que se arroga para sí la representación de todas las mujeres, cuando en su mayoría se trata sólo de profesionales, y de clases medias y acomodadas. Por último, al igual que los curas, desde el gobierno de Vidal pedirán «un camino más sencillo para la adopción.
