Ya está en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Federal  

Con la publicación de la nueva norma en el Boletín Oficial, este viernes comenzó a regir la nueva norma. Su aplicación efectiva comenzará en las provincias de Salta y Jujuy a mediados de mayo, para luego aplicarse en las jurisdicciones del sur y finalmente las del centro del país.

La nueva normativa, aprobada en diciembre pasado en el Congreso nacional, modifica la ley 27.063 sancionada en 2014 y apunta a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales mediante la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, los hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Justicia, encabezado por Germán Garavano: “El flamante código incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años”.

Una de las reformas más importantes tiene que ver con la implementación del sistema acusatorio, caracterizado por una división de tareas dentro de la que la investigación del caso se encuentra a cargo del fiscal y no del juez, mientras que se reserva para éste la responsabilidad del juzgamiento y la fijación de la pena.

La cartera de Justicia y el Consejo de la Magistratura ya brindaron capacitaciones en investigación a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, mientras que Defensoría General capacitó a defensores oficiales y secretarios letrados. El Ministerio de Justicia también aportó el financiamiento para equipar los laboratorios científicos provinciales y capacitó a unos 450 integrantes de las fuerzas de seguridad desplegadas en el norte del país, al tiempo que se dictaban talleres de formación de oficiales de la Ciudad de Buenos Aires.

“Aplicar este nuevo código permite lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso”, concluyó Garavano.

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