La AFIP confirmó hoy ante la Justicia que no tiene previsto aceptar un plan de pago o moratoria para las deudas acumuladas por falta de pago del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC) de Oil Combustibles, calculada en unos 8 mil millones de pesos. Así, la que fuera la principal empresa del grupo Indalo, de Cristóbal López, quedó al borde de la quiebra.
El abogado de la AFIP, Ricardo Gil Lavedra, presentó este mediodía un escrito oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal reclamando que Cristobal López y Fabián de Sousa, socios mayoritarios de Indalo recientemente excarcelados, sean juzgados por “defraudación al Estado” y no por “apropiación indebida de tributo”, lo que implicaría penas mayores. Según Lavedra, la participación del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en la maniobra defraudatoria justifica el cambio de carátula.
La decisión de excarcelar a ambos empresarios fue tomada a mediados de marzo por la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, lo que generó numerosas críticas desde el oficialismo, incluido el presidente Mauricio Macri, quien afirmó estar “indignado” por el fallo. Este miércoles se reunirá la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura para analizar si la decisión de excarcelación fue lícita, particularmente la incorporación de Farah, que debió desempatar ante el fallo dividido.
Eliseo Devoto, subdirector de Asuntos Jurídicos del ente recaudador, informó este martes al juez comercial Javier Cosentino que no están previstos planes de pagos o moratorias en el caso de los 8 mil millones de pesos adeudados por Oil por el pago de ITC, lo que pone a la principal compañía del actual Grupo Ceibo (ex Indalo) formalmente al borde de la quiebra. El juez volvió a convocar a los directivos del grupo y a los abogados de la AFIP para una nueva mediación que permita resolver el conflicto.
Hace pocos días los actuales directivos del grupo reconocieron la imposibilidad de saldar la deuda si la AFIP “rechaza toda solución presentada por OCSA (Oil Combustibles S.A), arrastrando a la compañía a una potencial quiebra en contra de sus propios intereses, que sería finalmente poder cobrar sus créditos”. También la semana pasada, el juez Devoto desplazó a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre de su rol de administradores del Grupo Ceibo por “irregularidades” en su gestión, que derivaron en gastos excesivos e injustificados.
Los abogados de AFIP, que actúan como querellantes en la causa, sostienen que el organismo “tiene la firme decisión de impulsar la acción penal contra todos los responsables de una maniobra que ha causado un perjuicio al estado de miles de millones de pesos”.
