La Policía Federal allanó oficinas del Edificio Libertad, sede principal de la Armada, y de la empresa Ferrostaal Argentina, por instrucción del juez Sergio Torres, en el marco de una causa en la que se investigan las contrataciones de los proveedores que fueron parte de la reparación del submarino Ara San Juan.
Los procedimientos se realizaron en busca de documentación vinculada con las contrataciones de las empresas, y en función de la denuncia de la macrista Elisa Carrió, quien aseguró que «para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino que además el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas.
Carrió acusó a los ex ministros de Defensa y actuales diputados nacionales del FPV-PJ Agustín Rossi y Nilda Garré; y al ex ministro Arturo Puricelli, a quienes denunció por los supuestos delitos de «asociación ilícita», «defraudación contra la administración pública», «cohecho», «malversación de caudales públicos», «violación de los deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad».
