Finalmente se logró consensuar un dictamen sobre el proyecto de ley de alquileres anunciado días atrás por el presidente Mauricio Macri. La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados acordó avanzar con un proyecto que retoma las líneas generales del presentado por la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu y aprobado por unanimidad a fines de 2016. Únicamente el Frente Renovador impulsó un dictamen alternativo en minoría, respondiendo a las demandas de menos regulaciones que plantean las inmobiliarias.
Representantes del sector inmobiliario acompañaron el debate en el Congreso, planteando su oposición al proyecto y anticipando una paralización del mercado inmobiliario y una suba del precio de los alquileres.
El nuevo proyecto de ley de alquileres amplía los contratos a tres años (con un ajuste semestral y rescisiones sin costo), prohíbe a las inmobiliarias cobrar más de un mes de comisiones a los inquilinos y amplía las posibilidades de garantías que se pueden presentar para acceder al alquiler.
La audiencia en la comisión fue presidida por el diputado PRO Daniel Lipovetzky, autor del proyecto actual. El kirchnerismo (con la adhesión de Felipe Solá) firmó en disidencia y ya adelantó que propondrá cambios al momento del debate en el recinto. Como ya lo probó el involucramiento directo de Macri en el tema, el objetivo del Gobierno es aprobar la ley antes de fines de año, como para poder mostrar alguna medida favorable a la clase media en el próximo año electoral.
El proyecto ha despertado la fuerte oposición de martilleros y corredores inmobiliarios, que consideran que los cambios perjudican al sector. Leonardo Frankenberg, presidente del Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba, consideró al respecto: “Por defender un sector no se puede poner en riesgo otro. Estas leyes generaron que muchos propietarios sacaran sus propiedades del mercado y los precios subieran. El Gobierno tiene que lograr que sea un negocio alquilar”. Frente a las críticas sobre las cláusulas abusivas contra los inquilinos, Ernesto Ziegler, representante del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, aclaró: “Nosotros atendemos a las dos partes y estamos a disposición del inquilino los 365 días del año”.
El proyecto que logró dictamen consensuado prohíbe a las inmobiliarias exigir un depósito superior a un mes de contrato de alquiler para ingresar a la propiedad (aclarando que la devolución debe ser equivalente al último mes de pago) y además aclara que los ajustes semestrales deben establecerse a partir de un índice combinado entre IPC y el coeficiente de variación salarial (CVS).
La diputada massista Carla Pitiot fue la única legisladora aplaudida por los representantes de las inmobiliarias al presentar un proyecto de dictamen alternativo que defiende la imposición de garantías más restrictivas y protege a los intermediarios. El proyecto fue inicialmente acompañado por el peronista Juan Brügge, del bloque Argentina Federal, que finalmente también terminó firmando el proyecto mayoritario “en disidencia”.
Luego de una reunión llevada adelante este lunes entre el diputado Lipovetzky y el secretario de Vivienda de la Nación Iván Kerr con representantes de los martilleros, corredores inmobiliarios, escribanos, desarrolladores y propietarios podrían flexibilizarse algunos aspectos del proyecto, incluyendo la posibilidad de aceptar que las garantías del posible inquilino sean más reales, no poner tope a la comisión que el inmobiliario puede cobrar al propietario y bajar el monto mensual a partir del cual los contratos quedarán exceptuados de ajustarse a la ley (aproximadamente 82 mil pesos en el proyecto actual).
