El ministro de Justicia, Germán Garavano defendió el proyecto del Gobierno nacional de un nuevo régimen penal juvenil, que baja a 15 años la edad la imputabilidad penal para delitos graves. El proyecto recibió duras críticas de sectores de la Iglesia Católica, que lo definieron como “demagogia punitiva”.
Según el ministro, los quince años “es un punto de consenso y está basado fuertemente en la estadística”. “A partir de los 15 años, un joven comprende la criminalidad de sus actos y debe responder con un régimen especial”, añadió. Según Garavano, es a esa edad a la que cominzan a cometerse “sobre todo aquellos hechos más brutales, que son los que van a hacer que a partir de los 15 años uno sea penalmente responsable”, entre los que enumeró delitos como “violaciones, algunos homicidios, hechos realmente graves, con penas mayores a los 15 años de prisión”.
“No hay que pensar la responsabilidad penal como algo malo. El joven tendrá que afrontar un proceso en el cual el Estado deberá demostrar que él fue culpable y se le dará un abordaje especial, acorde para ese hecho trágico y que no lo lleve por un camino que pierda su vida”, agregó el funcionario.
Respecto de la legislación en otros países, detalló que “la mayoría tiene como edad los 14 años, y algunos tienen menos”. “Nosotros, después de un análisis técnico, realmente entendemos que la edad adecuada son los 15 años. Además, es una edad en la que los jóvenes comprenden la criminalidad de su actos, sobre todo frente a hechos tan graves”, explicó.
Los principales puntos del proyecto que baja la edad de imputabilidad a 15 años
Pero el proyecto oficial de reforma del régimen penal juvenil fue contundentemente rechazado por sectores de la Iglesia como la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión (que incluye a los “curas villeros”) y la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo, dependiente del Arzobispado de Buenos Aires, que encabeza el cardenal Mario Poli. Según estos organismos, el proyecto tiene “fines electorales” por lo que lo definieron como “demagogia punitiva”.
En un documento emitido por el organismo que integran sacerdotes como José María “Pepe” Di Paola, Carlos “Charly” Olivero, Lorenzo “Toto” De Vedia, las religiosas Yolanda Galka, Cecilia Lee, el hermano Daniel “Coco” Romanín y Gustavo Moreno, Gustavo Barreiro, María Elena Acosta, Ángela García Elorrio y Alberto Palacio, rechazó “firmemente a cualquier intento de bajar la edad de la punibilidad, mucho más en este contexto social”, denunciando que “la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil está pendiente pero no puede darse en este marco de incumplimiento de los derechos sociales” (el texto recuerda que “el 48 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre, según un estudio de Unicef”).
Luego hicieron “responsables a los dirigentes, gobernantes y comunicadores populistas que dicen lo que la sociedad ‘bolsonarizada’ quiere escuchar, aun a costa de sacrificar por unos votos la dignidad inalienable de nuestras y nuestros adolescentes”. También afirmaron que el rol del Gobierno “no puede centrarse solamente en la persecución estatal –a través del derecho penal– de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantiza derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal”.
Por último, se denuncia el resurgir de “las mismas propuestas simplistas, con fines electorales y sin mirar el tema en su complejidad”. “Pensar la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto social es demagogia punitiva, y significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales”, concluye el documento.
