El reemplazante de Ricardo Lorenzetti, que presidía la Corte desde enero de 2007, llegó al máximo tribunal en 2016, junto a Horacio Rosatti, por propuesta del presidente Mauricio Macri y permanecerá como presidente del cuerpo hasta 2021, luego de la acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo convalidó como el nuevo presidente del cuerpo, con Elena Highton de Nolasco como vicepresidenta
Rosenkrantz tiene un claro perfil académico y fue rector de la Universidad de San Andrés. En 1987 actuó como asesor del Consejo para la Consolidación de la Democracia, órgano de la Presidencia de Raúl Alfonsín. Sigue siendo titular, junto a Gabriel Bouzat, de un importante estudio jurídico argentino, denominado Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, que entre sus clientes tuvo a empresas y entidades como el Grupo Clarín, Farmacity, YPF, Musimundo, América TV, Cablevisión, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s y Quilmes, entre otras.
El actual presidente de la SCJN se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1983 y tiene un magister y un doctorado en Derecho por la Universidad de Yale. En 1994 fue asesor de la Honorable Convención Constituyente, como Rosatti, y además ofició como asesor para el Consejo para la Consolidación para la Democracia, junto al ex presidente Alfonsín en 1984. Fue profesor en las estadounidenses New York University, Richmond School of Law y Denver University, así como docente en la UBA y en la Universitat Pompeu Fabra, España. Desde 2008 se desempeñó como Rector de la Universidad de San Andrés.
Rosencrantz tiene dos hijos y está casado con Agustina Cavanagh, ex titular de la fundación Cimientos, vinculada con la educación. En su declaración jurada de 2015 informó un patrimonio de 11,3 millones de pesos y reconoció haber formado parte de 14 sociedades en los últimos ocho años. Fue fundador de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), de la Asociación de Defensa de la Competencia y miembro de la Asociación de Derecho Comparado.
Rosenkrantz asumió su lugar en la SCJN luego de una cuestionada designación “en comisión” por parte del presidente Macri a inicios de su mandato. El rechazo que generó esta designación “por decreto” y sin aprobación parlamentaria obligó a que el pliego siga su curso habitual y pase por la aprobación del Senado, lo que se logró en agosto de 2016. Su candidatura recibió 13 impugnaciones, algunas compartidas con Rosatti, en la mayoría de los casos por la preocupación respecto de su eventual actuación desde la magistratura en caso de que le toque resolver casos que involucren a antiguos clientes de su estudio de abogacía. También se le cuestionó el hecho de que hubiera aceptado la designación por decreto presidencial.
También diversos organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura militar cuestionaron su designación, recordando que ya en 2007 Rosenkrantz había justificado las amnistías a condenados por delitos de lesa humanidad y cuestionado los fallos “Simón” y “Mazzeo”, argumentando los Estados “no tienen una obligación de acusar penalmente y sancionar estos crímenes sino sólo una obligación de ‘responsabilizar’, algo que no requiere necesariamente de penas”. También relativizó los fundamentos para declarar la nulidad de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final sobre delitos de lesa humanidad argumentando que se basaban en la importación apresurada de jurisprudencia extranjera.
Las preocupaciones de los organismos se vieron confirmadas cuando, a poco de asumir su cargo en la Corte, el 3 de mayo del año pasado, firmó junto a Rosatti y Highton de Nolasco (con el voto en contra de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda), un fallo que modificaba la jurisprudencia vigente y acordaba otorgar el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, reduciéndole así la condena al responsable del secuestro de trabajadores del Hospital Posadas durante la dictadura militar. Gracias a una inmensa movilización popular en repudio a la decisión, finalmente la decisión de beneficiar a los represores condenados fue revisada y revocada.
Con estos antededentes, diversos organismos de DDHH manifestaron preocupación por su nombramiento como presidente de la SCJN. Abuelas de Plaza de Mayo advirtieron en un comunicado que su asunción es motivo de «alarma y preocupación» sobre la «continuidad del proceso de Memoria, Verdad y Justicia y para los derechos humanos en general», particularmente en momentos en que el Tribunal tiene que resolver sobre casos tan emblemáticos como la «Masacre de Trelew», el sobreseimiento de Carlos Pedro Blaquier y otros pedidos de «2×1».
Además de su posición en el área derechos humanos, el magistrado considera que derechos económicos y sociales como salud, vivienda y educación no son exigibles ante los tribunales ya que estos cuerpos “carecen del equipamiento institucional necesario para tratar con problemas de tan largo alcance y tanta dimensión como el problema de la pobreza en una sociedad”.
Algunos de sus fallos en el supremo tribunal confirman este punto de vista, además de un claro posicionamiento político. Rosenkrantz avaló los aumentos de las tarifas eléctricas en la Provincia de Buenos Aires, se pronunció contra el derecho a sindicalizarse de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y anuló la personería gremial de los Metrodelegados. También fue parte de la mayoría que, en el llamado fallo «Fontevecchia», desconoció el carácter obligatorio de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que este tribunal no puede revocar fallos de la Corte Suprema argentina. En el marco de la polémica por la detención de Milagro Sala, confirmó su prisión preventiva y sostuvo que los tribunales provinciales son los que deben decidir sobre la CIDH.
