Elisa Carrió, la lìder de la Coalición Cívica, encabezó un nuevo reclamo para destituir al juez Roberto Gallardo a raíz de sus fallos sobre el operativo policial que ordenó el Gobierno de la Ciudad en el domicilio de Cristina Kirchner.
El pedido, que lleva adelante el grupo de legisladores porteños de la CC, fustiga al magistrado: “Es flagrante la irregularidad del juez Gallardo en ejercicio de sus funciones, por su decisión de ordenar a la Ciudad el cese en la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidenta de la Nación y disponer que sean las fuerzas federales las responsables de esa tarea”, señala la acusación impulsada por la Coalición Cívica.
Asimismo, el documento, que contiene las rubricas de los diputados Cecilia Ferrero, Facundo del Gaiso, Hernán Reyes y Lucía Romano- sostiene que la medida cautelar que había dictado Gallardo es una “resolución contraria a la Constitución Nacional” y a la de la “Ciudad de Buenos Aires”, con los argumentos de que se contrarían los principios del “federalismo”.
“Las consecuencias generadas de la decisión adoptada por Gallardo resultó perjudicial para la Vicepresidenta y para los ciudadanos del barrio de Recoleta, por la vulneración sistemática de sus derechos constitucionales al generar un estado de indefensión y extrema vulnerabilidad”, agregan los dirigentes de Juntos por el Cambio.
Carrió pide la cabeza del juez Gallardo, quien investiga a la policía porteña
El texto a su vez señala que Gallardo cuestionó que con sus resoluciones judiciales la ley N°5688, al “suspender el seguridad pública de la Ciudad” en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner. De esta manera, Gallardo ha generado una “zona de peligrosidad manifiesta” y que se acreditó al observar que “el atentado contra la vida de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner fue realizado precisamente luego del fallo aquí cuestionado”.
Además, la fuerza oficialista a nivel porteño plantea que con la “decisión arbitraria e ilegal” dictada por Gallardo tuvo consecuencia el desembarco de “funcionarios federales”, que “irradian una suerte de fuerza que invalida las competencias de seguridad locales constitucionalmente reconocidas y consagradas por la interpretación de la Corte Suprema de la Nación”.
Carrió y los legisladores porteños de la CC presentaron una denuncia penal contra el juez Gallardo por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. https://t.co/FrYj1r0ekd
— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 14, 2022
“Así, podrá observarse que la conducta del Juez Gallardo es susceptible de reproche, dado que no existe norma habilitante que permita vulnerar la autonomía local, y expandir territorialmente el desempeño territorial de las custodias federales para el Presidente o la Vicepresidenta con los propios pasos que da el funcionario, avasallando derechos consagrados”, añaden desde la CC.
Otro de los argumentos presentado apunta a que el magistrado se arrogó “potestades inexistentes”, ya que el amparo presentado por el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, y la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, solicitaba únicamente que se levanten las vallas y “se garantice la libre circulación” a fin de garantizar el derecho de reunión en la zona de Recoleta.
