Mientras le tomaban declaración a los gendarmes que fueron parte de la represión en la que se vio por última vez a a Santiago Maldonado, se registraron incidentes entre manifestantes y supuestos policías que se encontraban de civil.
Santiago Maldonado ya lleva seis semanas desaparecido, pero recién hace algunos días la investigación parece haberse decidido a evaluar seriamente el rol de Gendarmería en el hecho, después de que desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se insistiera hasta el cansancio en la defensa de la fuerza.
Hoy por la mañana, el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires determinó que existen compatibilidades entre el perfíl genético de Santiago Maldonado y las muestras recavadas de los vehículos de la Gendarmería.
A su vez, luego de que el gobierno le entregara al juez Guido Otranto durante el fin de semana expedientes sobre los 41 gendarmes involucrados y se reconociera que por lo menos siete efectivos persiguieron a manifestantes mapuche hasta la misma orilla del río Chubut, ahora se pone el foco en dos efectivos que podrían haber llegado a herir a alguien durante la persecusión, hecho que hasta el momento se había negado sistemáticamente.
Las principales sospechas recaen sobre el subalférez Emmanuel Echazú, quien luego de desalojar el corte de la ruta 40 que llevaban adelante miembros de la comunidad mapuche Cushamen en reclamo por la libertad del lonko Facundo Jones Huala, fue parte de los 7 u 8 efectivos que los persiguieron hasta el río, instancia durante la cual recibiría un piedrazo en el rostro. Los otros gendarmes investigados son Orlando Yucra, Julio Segovia, Juan Carlos Pelozo, Jorge Fortunato, Ramón Vera y Darío Zoilán.
Echazú sufrió doble fractura de mandíbula por el impacto de la piedra, según consta en los informes médicos, pero curiosamente también fue el encargado de redactar el informe posterior de los hechos, por lo que la versión de lo sucedido depende de él. Después de semanas de operaciones periodísticas insólitas, ahora hasta el propio diario Clarín reconoce que «los investigadores sospecharon desde el principio de Echazú. Y tras el informe que le envió el Gobierno reforzó sus sospechas».
En el mismo artículo se afirma, citando a «una alta fuente»: “Los investigadores creen que era la única persona con una motivación muy fuerte para matar a alguien. Estaba mal herido, es joven, fuerte y pudo agarrar a uno de los integrantes del Lof y atacarlo con una piedra ya que no iban armados. Es llamativo que siguiera adelante con esa lesión y es quien hace el acta”.
Echazú incluso fue notoriamente omitido en el primer informe para el Ministerio Público elaborado por el comandante del Escuadrón 36 de Esquel, Pablo Badie. Peo el relato a los medios de Juan Pablo Escola, comandante segundo del escuadrón, lo desmiente: “Fracturado, sangrando y todo, un gendarme avanzó conmigo, no se dio cuenta de sus heridas de la tensión que teníamos. Eso fue como a las 11,30. Íbamos lento y muy pesado, con el chaleco antibalas, con los cascos, los borceguíes. El suelo era arcilloso, muy incómodo”. Escola dijo que no alcanzaron el río, pero esto sería otra falsedad. Echazú permanece de licencia.
Pero, para seguir sumando irregularidades, en las últimas horas también aparecieron versiones que señalan que los efectivos que llevaron adelante la «cacería» dentro de las tierras de la comunidad y empujaron a los manifestantes a cruzar las aguas heladas del río Chubut fueron 8 y no 7. El gendarme Neri Armando Robledo, de 27 años, integrante del Batallón 35 El Bolsón, prestó declaración ayer ante responsables de Gendarmería, ya que no había sido tenido en cuenta en las instancias previas porque había pedido licencia por enfermedad de su padre inmediatamente después del operativo del 1 de agosto.
Su declaración se le entregó durante la noche del lunes al juez Otranto. En ella, Robledo incluso reconoce haberle arrojado una piedra «pequeña» a uno de los manifestantes mientras cruzaba el río. El gendarme asegura que su blanco logró cruzar el río y lo insultó desde la otra orilla.
A 42 días de la desaparición de Maldonado continúan sumándose datos que en una investigación responsable de los hechos hubieran debido aparecer en las primeras horas. A esta negligencia, se suman preocupantes elementos como la adulteración de los libros de Gendarmería denunciada por la abogada de la familia Maldonado o la resistencia del juez a incorporar como perito de parte al ingeniero Ariel Garbarz, quien afirma que el celular de Maldonado se activó el día 2 de agosto y que a partir de un requerimiento de datos a Movistar se podría saber qué otros móviles se encontraban cerca en ese momento, acotando notablemente la búsqueda de responsables.
