El twitt de los últimos días del legislador Juan Manuel Valdés, el Frente de Todos, dirigido a su par Gabriel Solano pidiendo un debate sobre la baja de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires no llamó la atención: se trata de un tema que la oposición a Rodríguez Larreta tiene entre ceja y ceja y que piensa concretar acciones en conjunto para concretarlo.
Esto será, lisa y llanamente, una reversión del Frente Anti Grúas, aquel colectivo opositor que unió fuerzas para instalar en agenda, en primer lugar, y terminar con el polémico servicio del acarreo que le dejaba a las arcas de la Ciudad solo 55 mil pesos. Ahora, aquel conglomerado buscará terminar con el tributo a las tarjetas de crédito, que el oficialismo prometió como temporario pero que se extendió.
Las conversaciones entre todos los actores recién comenzaron pero prometen llegar a buen puerto en cuestión de días, con un anuncio concreto. Ante IP, desde el FdT se ilusionan con contar con el apoyo de los dos aliados liberales del bloque oficial, Rodrigo García Moritán y Marina Kienast, dirigentes que responden a Ricardo López Murphy y que claman en cada oportunidad por una baja de la presión impositiva. Por el momento, no tienen posición definida sobre el tema, lo que abre todo tipo de especulaciones.
«Como ayer escuché a varios diputados del PRO criticar los impuestos se me ocurrió una idea: hagamos una sesión especial en la Legislatura para anular el impuesto a las tarjetas de crédito impuesto por Larreta. ¿Qué les parece?», sostuvo Gabriel Solano, integrante del Frente de Izquierda.
La réplica llegó con celeridad y de parte de Valdés: «Es realmente buena idea Gabriel. Venimos presentando distintos proyectos en esta dirección y también escuchando a los contribuyentes. Hay que discutirlo».
Cercado por el Frente Anti Grúas, Larreta confía en AUSA para controlar el sistema de acarreo
El Frente Anti Grúas
Toda la oposición, desde el peronismo hasta los libertarios, se movió en pos de ponerle un punto final al servicio de acarreos en la Ciudad de Buenos Aires y, además, pidieron una sesión especial en la Legislatura. No llegaron a ese punto porque hasta los diputados que responden a Elisa Carrió se sumaron al pedido y el jefe de Gobierno no tuvo más opción que tomar el tema.
Todo se dio porque los legisladores colocaron la lupa en las concesiones de las empresas que brindaron las tareas, Dakota y BRD, cuyos contratos están vencidos desde el 2001, pero se fueron prorrogando hasta la actualidad. Además, pagaban un canon mensual de tan solo 55.000 pesos, con un monto congelado desde el 2014.
Por lo bajo, un referente opositor anticipa que van a dar conocer más números de concesiones porteñas que le dejan a la gestión montos irrisorios y que se prolongan sin control alguno.
