El ex ministro de Planificación Federal está acusado de los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta, que contemplan penas de hasta 11 años de prisión. También está acusado Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).
De Vido, acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi, arribó a los tribunales de Comodoro Py esta mañana alrededor de las 9.30 para el inicio del primer juicio en su contra por la llamada “tragedia de Once”, accidente ferroviario de febrero de 2012 en el que perdieron la vida 52 personas. El ex ministro de Planificación además enfrenta otros juicios por presuntas irregularidades en la obra pública, sobreprecios en la compra de trenes a España y Portugal y la no renovación de contratos ferroviarios.
En la audiencia de este lunes en el Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez, solo se leerán las acusaciones de la Fiscalía y la querella. En un juicio anterior sobre la Tragedia de Once se determinó que el tren funcionaba en malas condiciones y se estableció la malversación de los fondos estatales, por lo que el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 6 años de prisión al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, a Juan Pablo Schiavi a 8 años, a Sergio Cirigliano (dueño de TBA) a 9, así como también a otros 17 ex directivos de la empresa y al motorman a 3 años y 6 meses.
En medio de un fuerte operativo de seguridad por la presencia de numerosos familiares de las víctimas, el fiscal Juan García Elorrio acusó a De Vido de “no haber controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado Nacional puso a disposición de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.”.
La defensa del ex ministro emitió un comunicado en el que critican el desarrollo de la causa y apuntan a la responsabilidad de Marcos Córdoba, el motorman, quien “violó reglas de la buena conducción ferroviaria y la normativa que rige tal actividad”. El texto plantea que se está “en presencia de un juicio que, ya desde la base, lesiona un conjunto de garantías constitucionales pretendiendo una utilización impropia del Derecho penal del Estado de Derecho”. Y agrega: “La acusación se basa en una arbitraria desconsideración de las conclusiones periciales. Los acusadores parecen olvidar las importantísimas inversiones del Estado Nacional en materia de renovación de formaciones y hay una falta de hincapié en que la conservación de las unidades recaía en el concesionario”.
La defensa de De Vido concluye que “no se ha demostrado hasta ahora, ni se podrá demostrar jamás que de haberse rescindido el contrato de concesión se hubiese evitado el resultado, de hecho, no podría sostenerse esa hipótesis si tenemos en cuenta que aquí el resultado se produjo en razón de un yerro humano de índole operativo”. Y concluye: “Creemos que el juicio concluirá con la única respuesta posible, la inocencia del señor Julio De Vido”.
El juicio prevé la declaración de más de 80 testigos, incluidos ex funcionarios como el actual candidato a senador Florencio Randazzo, ex ministro de Transporte, y se espera que el veredicto se conozca en el primer semestre del año próximo.
