Los sindicatos docentes de Jujuy confirmaron la continuidad del paro por tiempo indeterminado y llevan a cabo un «plan de lucha» que incluye permanencia en las rutas, radios abiertas, cacerolazos y marchas de antorchas.
Mañana culminará la jornada semanal de protestas con un paro provincial estatal con movilización. La recomposición salarial y el rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, son los ejes de la protesta que ya alcanza a un amplio arco de sindicatos y organizaciones.
Bajo la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma”, lo que comenzó como un reclamo sindical docente derivó en una expresión generalizada de rechazo a la reforma constitucional que está a punto de concretarse. El sábado pasado la Convención Constituyente dio por terminadas las reuniones de Comisiones y entregó los borradores a la Comisión Redactora para que elabore el texto final.
Jujuy: Crecen las denuncias contra Morales por la reforma constitucional
El rechazo a la reforma está centrado en el capítulo dedicado a la «paz social», tal como lo presentó el oficialismo. Allí se le da rango constitucional a los lineamientos que ya están vigentes a través del Código Contravencional, prohibiendo las manifestaciones y cercenando el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
Dentro del capítulo «Derecho a la Paz Social», la reforma pone un límite a las protestas sociales. «La expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales», asegura la propuesta oficial. Y señala que se avanzará también sobre la «responsabilidad política y jurídica de aquellos representantes y funcionarios públicos que incentiven, inciten, impulsen o promuevan, por acción u omisión, el surgimiento de grupos que vulneren la paz social y la convivencia democrática pacífica».
Ante estos puntos de relevancia, la oposición jujeña muestra su descontento. «La idea de suprimir la votación intermedia es una calamidad y nunca había sido enunciada. Están queriendo quitar el derecho de los jujeños a votar cada dos años, a contramano de todas las provincias y de la Nación», remarcó el senador nacional por el peronismo Guillermo Snopek. «Morales busca el poder total: control del Poder Ejecutivo sobre la Legislatura, supresión de organismos de control y eliminación de elecciones intermedias. Un precedente peligrosísimo se está gestando en Jujuy», agregó.
Esta lucha sigue hasta que caiga la reforma que criminaliza la protesta y se garantice el salario docente y todas las reinvindicaciones que tiene el pueblo pobre y trabajador de Jujuy. ¡Arriba los salarios, abajo la reforma de la UCR y el PJ! pic.twitter.com/85x8qfeW7S
— Alejandro Vilca (@vilcalejandro) June 15, 2023
Mientras tanto, como respuesta a las protestas que se están dando en la provincia, Gerardo Morales firmó el decreto 8464 que modifica el Código Contravencional. En el texto se establecen los valores para «quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos». También ordena que la policía debe «intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos», y en caso de que los manifestantes no obedezcan, advierte el decreto, se podrá «dar intervención directa a la justicia penal».
Finalmente, el decreto considera un agravante el hecho de que «el contraventor fuere un funcionario nacional, provincial o municipal», y en ese caso se suma la inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta dos años. Y si se trata de un empleado público, una contravención reiterada será «causa suficiente de cesantía».
