Pasaron dos meses del conflicto riojano entre el gobernador peronista Ricardo Quintela y la intendenta radical de la capital provincial, Inés Brizuela y Doria. Si bien aseguran que «está todo más tranquilo», la disputa continua sin llegar a un acuerdo.
En noviembre de 2021, el cruce entre la intendenta y el gobernador de La Rioja marcaba la agenda de la provincia, luego de que un grupo de manifestantes intentara tomar la intendencia en medio de una protesta de empleados municipales y Brizuela acusará a Quintela de no propiciarle seguridad y dinero para los sueldos.
El conflicto entre la administración Brizuela y Quintela se originó cuando la dirigente de la UCR designó a más de mil empleados en planta permanente del municipio, sin los fondos necesarios para afrontar remuneraciones. Desde el entorno del mandatario señalan que la decisión de la alcaldesa «corrió por su cuenta» y que ahora pretende que desde la gobernación paguen salarios, algo que «no corresponde».
En la actualidad, desde el entorno de la intendenta aseguran que no se ha recuperado el diálogo institucional directo y por el momento, no se han vuelto a registrar ataques violentos como los vividos en noviembre y diciembre últimos, que implicaron un intento de golpe institucional.
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Por su parte, desde diciembre, el gobierno de la Provincia ha resuelto abonar a los trabajadores en conflicto la suma de $ 30.000 por mes. Y en la misma línea, a partir del 01/01/2022 comenzó el proceso de reconocimiento de los pases a planta realizados por el Municipio. En esta primera etapa son 381 trabajadores reconocidos.
Fuentes cercanas a Brizuela informaron ante este medio que «el conflicto se originó a raíz de la retención por parte de la Provincia, de los recursos de coparticipación que le corresponde al Municipio de la Capital». Sobre esta cuestión hay un recurso de amparo planteado ante el TSJ de la Provincia y también un Amparo ante la CSJN donde se denuncia la violación del régimen municipal y la ausencia de justicia efectiva. Ambas sin resolución a la fecha, incurriendo en denegación de justicia.
Desde en entorno del municipio también confirmaron que los trabajadores pasados a planta tienen entre 7 y 17 años de antigüedad, por lo que provienen en su mayoría de la gestión del actual gobernador en su paso por la intendencia. «Si el municipio recibiera los fondos que corresponden en concepto de coparticipación, se podrían pagar los salarios en blanco de todos los trabajadores, y quedarían recursos suficientes para invertir en obras y servicios», aseguran.
En este sentido, denuncian que «mientras tanto, el gobierno provincial sigue avasallando las competencias propias del gobierno municipal. Y remarcan que «la actual Intendenta de la Capital no solo es la primera mujer en gobernar La Rioja, sino la primera de un signo político diferente al PJ desde el retorno de la democracia».
