El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentó un proyecto de ley para desarrollar la actividad minera en algunas zonas de su departamento. De todos modos señaló que «la 7.722 no se toca». El gobernador no quiere avanzar ahora con el tema y hubo marchas en contra de la propuesta.
El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentó un proyecto en la Legislatura provincial para poder avanzar con la minería en el departamento del sur de Mendoza. De ese modo, pretende excluir a un sector de su jurisdicción de la prohibición del uso de sustancias químicas, prevista en la conocida ley «antiminera», la 7.722.
Ojeda no cuenta con con el apoyo del gobierno de Rodolfo Suarez, pero pidió avanzar con la minería, a través de la zonificación de la comuna, para diversificar el desarrollo económico del departamento y recaudar fondos para pagar la deuda de la provincia.
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«El gobernador sabe que debemos desarrollar minería. La deuda de la provincia se paga con dólares y Mendoza lleva 20 años sin crecimiento económico», añadió el intendente de Malargüe.
«Pedimos minería para Malargüe. La 7.722 no se toca, esta es una ley específica para Malargüe. No modifica la 7.722», expresó el jefe comunal, quien dijo que está abierto a que la propuesta sufra modificaciones. Además, aseguró que no pretende un tratamiento exprés.
La senadora Jésica Laferte, esposa del intendente, fue quien realizó la presentación por mesa de entradas y sostuvo que pedirá que sea tratado en la Comisión de Minería. Además podría analizarse en la de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
«Dentro del departamento, a 10 kilómetros de los ríos, no se podrán usar sustancias químicas. Pedimos que sí podamos hacer minería en el resto de los sectores. Es un departamento que tiene vocación territorial, surgió con la minería», destacó Ojeda.
“Mi objetivo no es que se apruebe entre gallos y medianoche, se tiene que dar el debate. Si vamos a hacer minería, se necesitan reglas claras para que las inversiones puedan surgir. El proyecto es la mejor alternativa porque resguarda los ríos Atuel, Salado, Grande, Malargüe, Colorado y Barrancas y a sus afluentes. Los vecinos de Alvear y San Rafael duermen tranquilos”, añadió.
En torno a la postura del gobernador Ojeda afirmó: «que seamos del mismo partido no significa que tengamos que pensar lo mismo. En la intimidad sé que el gobernador fue el que presentó la modificación de la 7.722, que fue un desacierto en mi opinión, debería haber comenzado con Malargüe».
En ese sentido, sostuvo que Suarez no suma su apoyo al proyecto porque «debe tener temor». Esto en referencia al conflicto social que se generó en 2019 cuando el mandatario intentó modificar la norma «antiminera» y masivas marchas en las calles de Mendoza llevaron al Ejecutivo a dar marcha atrás.
Rodolfo Suarez admitió que no debatirá por el proyecto presentado por el intendente Ojeda. De esa manera el jefe del Ejecutivo provincial le respondió al Jefe de Gobierno malargüino, señalando que “avanzar en un debate en este momento no lo creo oportuno, más allá que entiendo las razones valederas y ciertas del intendente que está peleando por su pueblo y por lo que cree”.
Controles
En caso de aprobarse la ley, el gobernador tendrá 180 días para publicar la cartografía donde se indique las zonas en las cuales se pueden usar las sustancias.
Además, se creará una Comisión Bicameral de Actividades Extractivas para la zona de interés, también prevé la creación de la Policía Ambiental de Actividades Extractivas, que será financiada con una tasa de fiscalización y control, que la instruye y la crea el mismo proyecto. Ese cuerpo tendrá que respetar el decreto 820, garantizando la participación ciudadana, especialmente de las ONG.
Movilizaciones
Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura llevaron a cabo una serie de protestas en diferentes puntos de la provincia en defensa de la Ley 7.722. Las movilizaciones fueron convocadas por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP).
En 2019 lograron torcer la modificación de la ley 7.722, cuando iban pocos días de asumido el gobierno de Rodolfo Suárez. Ahora, bajo los lemas “no a la zonificación minera en Malargüe” y “la ley 7722 no se toca”, retomaron las marchas en diferentes localidades de la provincia. En total son más de 15 Asambleas Mendocinas por el Agua Pura.
La Ley 7.722, que regula la minería en toda la provincia, se sancionó en 2007 y prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en esta actividad.
Fue modificada en 2019 para flexibilizar el uso de este tipo de sustancias, pero días después hubo marcha atrás.
“El consenso lo tienen entre los mismos empleados de las empresas mineras y la gente que cree en la oferta laboral”, señaló Lilian Tapia, integrante de la Asamblea por el agua de San Rafael. Además, agregó “por suerte hay una buena parte de Malargüe que apuesta a seguir teniendo agua pura”.
En las organizaciones descreen de la verdadera postura del gobernador y recuerdan que la primera medida que tomó fue presentar un proyecto para derogar la 7722.
Tapia afirmó que “zonificar es derogar la ley en determinadas áreas de la provincia y no estamos de acuerdo porque Mendoza es una sola”.
“Tanto las cuencas hídricas como los acuíferos están conectados. Malargüe es cabecera de cuenca, ya que allí nacen muchos ríos pero que recorren otros departamentos, e incluso provincias”.
Uno de los ejemplos que utilizan para defender su postura contraria es lo ocurrido en San Juan. “Se les rompió una válvula y estuvo 14 horas fluyendo líquido cianurado sin que nadie lo advirtiera. Luego niegan, minimizan, tapan”.
Una de las razones centrales tiene que ver con el agua. El Departamento General de Irrigación informó que Mendoza atraviesa una “sequía severa y extrema”. Tapia dijo que “si no hay agua, no podemos darle la poca que hay a la minería, que usa millones de litros, la contamina y luego no remedian”.
