A raíz de lo sucedido la semana pasada en el despacho de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires presentó el protocolo que se utilizará el jueves para resguardar el palacio legislativo ante posibles protestas, durante la sesión por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la decisión de desplegar un operativo especial preventivo que permita evitar nuevos disturbios durante la votación del mismo en el Senado”
De la conferencia participaron el ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro. Asimismo detallaron los avances de la causa por los incidentes en el Congreso.
“Dados los incidentes producidos en la marcha contra el acuerdo con el FMI, que pusieron en peligro a personas y bienes en los alrededores y dentro del Congreso de la Nación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la decisión de desplegar un operativo especial preventivo que permita evitar nuevos disturbios durante la votación del mismo en el Senado”, explicaron los funcionarios en rueda de prensa, en la que también mostraron un mapa sobre cuáles serán las calles que tendrán vallado alrededor del palacio legislativo.
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Según explicaron, las barreras estarán en las inmediaciones del Congreso y se comenzarán a colocar esta misma noche. Las mismas, comprenden un perímetro delimitado por las avenidas Entre Ríos, Callao, Rivadavia, la calle Combate de los Pozos y el frente que da a la Plaza del Congreso. Además, habrá una importante presencia de efectivos y el acompañamiento del equipo de Agentes de Tránsito de Seguridad, para ordenar el tránsito en los alrededores de la manifestación.
A esto se sumará el respaldado de las cámaras de videovigilancia que están en la zona y que serán supervisadas desde los Centros de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad para evitar episodios de violencia e intervenir rápidamente en caso de ser necesario.
Los funcionarios además aclararon que la intención de las autoridades porteñas y las fuerzas públicas que dependen de ellas no es impedir manifestaciones en contra del acuerdo sino, actos de violencia.
