Durante la mañana de este viernes el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó por mal desempeño en sus funciones al camarista Eduardo Freiler por omisiones en su declaración jurada, deudas con la AFIP y por considerar que no pudo justificar sus incrementos patrimoniales. “No es un juez probo. Freiler no honra el cargo para el que fue nombrado”, consideraron.
El jury, que sesionó en el tercer piso del edificio del Consejo de la Magistratura de calle Libertad, se pronunció por la destitución del juez juez de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por seis votos a favor y uno en contra. El único voto en contra fue el de la diputada del FPV Diana Conti. La destitución debía ser aprobada por lo menos por cinco miembros. Votaron a favor la jueza Ines Cantisani, el senador Walter Barrionuevo, la senadora Silvia Giacoppe, el juez Armando Márquez , el diputado Hugo Marcucci y el abogado Raúl Piaggio (con disidencias parciales).
La acusación principal, cuya exposición estuvo a cargo del legislador del PRO Pablo Tonelli y del abogado Miguel Piedecasas, contra el camarista deriva de su imposibilidad de justificar más de 15 millones de pesos en relación con lo que cobró y lo que gastó entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de octubre de 2016. Entre las compras que llamaron la atención en este período se cuentan una casa de 600 metros cuadrados frente a la quinta presidencial de Olivos por 2,8 millones de pesos (aunque su valuación fiscal supera los 5 millones), un departamento en Pinamar, una casa y terrenos en Necochea y varios cuatriciclos y un arenero no declarados, adem{as de autos, embarcaciones, caballos y ganado.
Luego de la sentencia, Tonelli consideró: «Estamos muy satisfechos con la sentencia, porque el tribunal hizo lugar a los tres cargos que presentamos y nos resulta auspicioso haber logrado el apartamiento del Poder Judicial de la Nación de alguien que consideramos un corrupto como es el caso del exjuez Freiler».
Freiler había sido suspendido de su cargo a mediados de agosto, cuando en una escandalosa sesión plenaria del Consejo de la Magistratura, el oficialismo aprovechó una turbia maniobra judicial que le otorgó circunstancialmente una “mayoría especial” y votó el inicio del juicio político contra el magistrado, a quien busca remover desde el mismo inicio de la administración Macri para poner a un juez afín en esa silla clave.
José María Olivares, abogado de Freiler, anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a que la ley señala que la resolución del jurado de enjuiciamiento no es apelable.
