El Consejo de la Magistratura decidió pedir las declaraciones juradas de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, que fueron quienes dispusieron el cambio de carátula en la causa que investigaba por fraude al empresario Cristóbal López, lo que implicó su inmediata excarcelación. La decisión, muy cuestionada desde el Gobierno y con sospechas de corrupción planteadas por la diputada Elisa Carrió, motivó la intervención de la comisión de Disciplina y Acusación del organismo que supervisa el desempeño de los magistrados.
La investigación sobre el patrimonio de los camaristas cuestionados, que podría fundamentar las sospechas de corrupción, es encabezada por el diputado oficialista Pablo Tonelli. Elisa Carrió pidió hace quince días al Consejo de la Magistratura que investigue los bienes de Ballestero afirmando que su decisión de liberar a Cristóbal López pudo estar influida por “intereses económicos”. El escrito de Carrió planteaba: “Solicito que se realicen las investigaciones necesarias a fin de establecer la posibilidad de que ese decisorio voto pudiera haber estado influido por razones que podrían estar vinculadas con intereses económicos del magistrado”. En particular, se hace referencia a la posible compra irregular por parte de Ballestero de un dúplex en Avenida Figueroa Alcorta a través de un posible “crédito simulado”.
Ballestero es camarista federal desde hace diez años y es el juez con mayor patrimonio personal declarado, ya que en su última declaración jurada reconoció bienes por 12 millones de pesos, lo que implica un crecimiento del 183% respecto del año previo (justificado por el “sinceramiento” del valor de otras propiedades).
Carrió también solicitó se investiguen las posibles conexiones entre el juez Farah y los casinos de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López: “Pido que se dispongan las medidas necesarias a fin de determinar si familiares de ex directivos de Puerto Madero cumplen funciones para el juez Eduardo Farah y/u otro juez de la Sala I de la Cámara Federal”.
Días atrás, la Corte Suprema de Justicia también solicitó explicaciones respecto de la decisión de sumar a Farah a la Sala I de la Cámara Federal para el fallo que ordenó la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Actualmente la Cámara está compuesta sólo por dos magistrados, Ballestero y Leopoldo Bruglia, y ante la disidencia de opiniones se prevé la convocatoria a otro juez para que desempate. Según Ballestero, la elección de Farah estuvo motivada en que el magistrado ya “había sido designado por sorteo para integrar la sala en una anterior ocasión, en el marco de una causa conexa a la que debe resolverse”.
