Tres semanas después de la fallida sesión, donde la oposición de Juntos por el Cambio pegó el faltazo a la sesión pese a decir estar de acuerdo con el tema, se llegó a un acuerdo para discutir esa norma ya aprobada en el Senado. Qué otros temas están en la agenda.
El martes 5 de octubre se montó esa combinación que suele ser efectista en el corto plazo; la oposición política y las puestas en escena mediáticas. Pero como tantas otras veces esa dualidad escondió el factor que casi siempre resulta decisivo para avanzar o frenar un debate en la democracia: el poder económico.
Fueron precisamente las grandes empresas productoras de alimentos, las mismas que se resisten al control de precios, las que pusieron su artillería para evitar que prosperara el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, usando argumentos que iban desde lo económico hasta la competencia desleal que podían generar productos traídos desde otros países.
Pero conviene hacer una pregunta muy simple para entender porqué hay tanta resistencia a la imposición de una serie de octógonos negros en los envases que den cuenta de los componentes de un producto que vamos a consumir. En definitiva, se trata de saber si hay exceso de grasas, azúcares, sodio y grasas saturadas. Con la información disponible, cada uno puede decidir. Y la pregunta que, se concede, lleva una respuesta inducida: ¿no será que las empresas pretenden evitar la transparencia porque hoy los consumidores pueden saber sobre los ingredientes, pero mañana acerca de los precios, pasado de la rentabilidad y la estructura de costos, y ese «exceso» de información los haga perder privilegios monopólicos?
El debate
La propuesta ya cuenta con media sanción del Senado será tratado el martes en un plenario, tras el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición. Se calcula una discusión que podría llevar más de 20 horas. Además del Etiquetado Frontal de Alimentos se tratarán políticas para personas en situación de calle, y todo se dará en el marco de la vuelta a la presencialidad plena del cuerpo luego de las restricciones por la pandemia de coronavirus. Habrá medidas sanitarias estrictas, como hisopados y la limitación en la cantidad de asesores de los legisladores presentes en el recinto.
El martes 5 de octubre el oficialismo había conseguido que 122 diputados, bajaran al recinto, pero fueron siete menos de los 129 necesarios para abrir el debate. El interbloque de Juntos por el Cambio no asistió y argumentó que el Frente de Todos había convocado «el viernes anterior y sin consultar al resto de los bloques».
La última sesión de la Cámara Baja fue el 8 de julio pasado para escuchar el informe de gestión del entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuando aún regía el protocolo de funcionamiento mixto (presencial y virtual).
«Hay un prejuicio ideológico», la presión empresaria contra el etiquetado frontal de alimentos
Los otros temas de la sesión son la prórroga de la denominada ley Ovina, una iniciativa que Juntos por el Cambio había pedido incluir en el temario de la sesión fallida; el proyecto de alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por la Covid-19 presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa; la ratificación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, celebrada Guatemala en 2013, y el Régimen de Protección Integral del niño, niña y adolescentes con cáncer.
Además, la convocatoria anticipa el proyecto enviado por el Senado que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas a realizarse del 1° de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.
También se incluyó un proyecto para establecer un régimen previsional diferencial para los trabajadores vitícolas y una reforma del Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales en relación con la indemnización y la mensualidad que percibe el contratista, ambas con sanción del Senado.
